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Villaviciosa inicia la evaluación ambiental del nuevo Plan General: este es el plazo de información y alegaciones

El calendario que figura en un informe técnico elaborado por el arquitecto municipal fija para dentro de catorce meses la aprobación inicial

Una vista de la Villa

Una vista de la Villa / LNE

J. A. O.

Oviedo

La tramitación del Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa da un paso más con el inicio de la evaluación ambiental estratégica y la elaboración del documento de alcance. Para ello, se ha abierto un periodo de información pública y de presentación de alegaciones por espacio de 30 días hábiles contados desde el 27 de octubre, que fue cuando se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).

El calendario que figura en un informe técnico elaborado por el arquitecto municipal fija para dentro de catorce meses la aprobación inicial del nuevo planeamiento. Así, el tiempo total de ejecución del servicio contratado a una consultora especializada para la elaboración del PGO ascenderá a 41 meses y 26 días. Se trata de un marco temporal menor a los 48 meses que se establecía como máximo en el contrato.

El último trámite realizado hasta ahora tuvo lugar en el Pleno del pasado 31 de julio, cuando la Corporación acordó declarar la caducidad del documento de alcance del estudio ambiental de 2 de marzo de 2023 y efectuar un nueva solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria del PGO y del Catálogo Urbanístico, algo que ya se ha puesto en marcha.

En 2009, el equipo del arquitecto Salustiano Crespo presentó una propuesta de PGO, que llegó a aprobarse inicialmente por el Pleno. Sin embargo, durante los años posteriores no se produjo ningún avance, quedando por contestar más de un centenar de alegaciones. En 2017, tras el cambio de gobierno, se resolvió el contrato con el equipo redactor por mutuo acuerdo y se inicio un largo proceso administrativo, que finalizó en 2021 con la adjudicación del nuevo proceso.

El plan recogerá la estrategia en materia de vivienda con la que el municipio deberá afrontar las necesidades que se derivan de su crecimiento demográfico.

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