El Principado espera "el más rápido arreglo" para los pisos que la demarcación de Costas bloquea en Villaviciosa

El gobierno regional está mediando ante Costas para desbloquear cuanto antes los proyectos residenciales de La Barquerina (Villaviciosa) que han quedado paralizados a causa de un deslinde realizado hace más de 25 años. Según indican fuentes de la administración autonómica, la Dirección General de Urbanismo ha iniciado un procedimiento administrativo ante la denuncia presentada por la Demarcación sobre el solar afectado por la servidumbre de protección, según la cartografía recogida en el plan especial vigente.

La directora general, Laura López, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" a los vecinos afectados y ha asegurado que ya se está trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de buscar una solución.

Replanteo

"Según el replanteo efectuado por técnicos del ministerio, la edificación invade la servidumbre a pesar de que las obras se ajustan escrupulosamente al plan especial. Este tipo de divergencias no son algo infrecuente en planes antiguos, redactados sin los medios técnicos de los que se dispone actualmente para la georreferenciación, como advertía el propio informe de Costas al plan especial", explica López, para quien "la prioridad ahora es buscar una solución que permita desbloquear la situación", siempre sobre la base de que la decisión de rectificar el deslinde compete a Costas.

Urbanismo, según añade López, mantiene contactos tanto con la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como con el Ayuntamiento de Villaviciosa "para determinar la vía que conduzca al mejor y más rápido arreglo".

Según los portavoces del gobierno regional, el origen de este conflicto , desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, radica en una denuncia del vigilante de Costas recibida en la Consejería de Ordenación del Territorio el pasado 5 de octubre, junto con el levantamiento topográfico de la zona en la que se considera que existe una afección parcial por la servidumbre para la que se debería haber tramitado antes una autorización sectorial.

La situación hace que 36 propietarios que han comprado viviendas en un edificio ya erigido en la zona no puedan acceder a los pisos. Además, también está afectado otro bloque ya habitado y otra promoción.