Villaviciosa reclama una reunión urgente de Sogepsa ante el riesgo de "reclamaciones económicas en cadena" por la crisis de La Barquerina

La junta gestora de la Sociedad Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) se reunirá este mes para abordar la situación generada en La Barquerina, área de expasión urbanística de Villaviciosa, a raiz de la denuncia de la Demarcación de Costas contra las obras de construcción de un edificio ya terminado en la zona y que ha desembocado en la paralización de las obras y en la apertura de un expediente sancionador a los promotores y a la dirección de obra por parte de la Consejería de Ordenación del Territorio. La reunión se llevará a cabo a petición del Ayuntamiento de Villaviciosa, dado el papel clave que ha desempeñado Sogepsa en el desarrollo del plan especial de La Barquerina, aprobado en 2006, seis años después de que se diera luz verde al deslinde cuya servidumbre sirve ahora de base a la denuncia de Costas, un organismo que depende del Ministerio de Transición Ecológica.

El presidente de Sogepsa, Borja Sánchez, Consejero de Ciencia, Industria y Empleo ya ha confirmado que la reunión se llevará a cabo este mes y también ha puesto en conocimiento del alcalde maliayés, Alejandro Vega, que ha dado instrucciones para analizar la situación con la Consejería de Ordenación del Territorio. El regidor, en un nuevo escrito enviado el pasado día 2 de enero, ha puesto ya en conocimiento de Sánchez, que la Consejería de Ordenación del Territorio, a cuyo frente está Ovidio Zapico (IU) mantienen las medidas provisionales de paralización adoptadas tras la denuncia de Costas pese a las alegaciones en contra del Consistorio.

En el escrito remitido al presidente de Sogepsa, Vega aerta de que la situación en La Barquerina, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, "ya está causando graves perjuicios personales y económicos" a quienes adquieron las viviendas y a la constructora que compró la parcela ahora paralizada a Sogepsa, cuando era aún accionariado mixto. "En caso de que estas medidas no se suspendan, provocarían una cadena de reclamaciones económicas, también frente a esta sociedad como vendedora de la parcela, conforme unas condiciones urbanísticas del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina que ahora son impugnadas por la Demarcación de Costas mediante denuncia, y que al menos hasta ahora, parece compartir el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la administración del Principado, que tiene las competencias en servidumbre de protección", alerta Vega.

Es más, el alcalde maliayés también alerta a Borja Sánchez de que la jefa de Servicio de la Consejería ha propuesto a la CUOTA requerir al Ayuntamiento de Villaviciosa para la revisión de la licencia concedida para construir en la parcela y que ha abierto expediente por el edificio de la empresa Rivero Cueto que se construyó con licencia de 2006- 200808 en una parcela que también fue vendida por Sogepsa en las mismas condiciones". Vega añade, de imponerse esta nueva interpretación de la Demarcación de Costas, 25 años después del deslinde, habría que declarar nulas las licencias concedidas conforme al plan especial, que fueron aprobadas con informes favorables tanto de los técnicos de la oficina técnica municipal, como jurídicos de la secretaría municipal. Además, alerta el regidor, también se abriría la vía de la nulidad o de revisión del propio Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina, impulsado a través de Sogepsa, bajo la figura jurídica de reserva regional de suelo. A este respecto, Vega recuerda que "fue aprobado con todos los informes favorables del Ayuntamiento, del Principado y de la propio Demarcación de Costas, que ahora, 25 años después, pone la denuncia".

"Dada la gravedad de la situación, que requiere acciones inmediatas, solicitamos que la convocatoria de la junta general de Sogepsa que se nos ha anunciado se pueda celebrar a la mayor brevedad posible y se faciliten todos los datos de las parcelas vendidas por Sogepsa en el ámbito de La Barquerina desde el año 2002 hasta la actualidad", concluyó Vega.

El problema tiene su origen en el deslinde que se aprobó en 2000. Frente al mismo, el Ayuntamiento de Villaviciosa, entonces bajo gobierno del PP, ya había presentado alegaciones, aprobadas por el pleno de 29 de mayo de 1996. Sin embargo, aunque la Orden Ministerial que aprueba el deslinde de 24 de abril de 2000 dice estimar las alegaciones, tal y como se refleja en el texto, los planos del mismo mantuvieron la línea de servidumbre a 100 metros, en lugar de los 20 metros que establece la Ley de Costas de 1988 para los suelos que ya eran urbanos a su entrada en vigor, como es el caso. Esta situación afecta a tres parcelas del ámbito del suelo urbano del plan especial de La Barquerina. Ni el Ayuntamiento, ni el Principado, ni la propia Demarcación habían considerado esa zona dentro de la servidumbre de protección hasta la presentación de la denuncia el pasado 5 de noviembre por parte de la Demarcación.