La piscina de Villaviciosa se arriesga a perder la financiación europea por el retraso en las obras: este es el nuevo plazo (y el coste) para culminar la reforma

El retraso acumulado en la obra de rehabilitación de la piscina municipal de Villaviciosa pone en riesgo la ayuda de 1,6 millones de euros de fondos europeos que tiene adjudicada la actuación, vinculada al cumplimiento de los plazos de ejecución comprometidos. Los trabajos, paralizados el pasado mes de julio tras detectarse defectos constructivos de los que no se tenía conocimiento, se reanudaron a principios de esta semana, una vez aprobados los necesarios cambios en el proyecto para ampliar el alcance de la intervención. Si no hay más demoras, el equipamiento estará listo para reabrir a finales del presente año, dado que, tal y como ha confirmado la dirección de obra a LA NUEVA ESPAÑA, quedan once meses para culminar toda la actuación. Se trata de una ampliación de cuatro meses sobre el plazo inicial.

Además de poner en riesgo la cofinanciación europea concedida por el Ministerio de Transportes y de incrementar el plazo de ejecución, la modificación del proyecto también tiene consecuencias directas en el coste de la actuación, cuyo presupuesto se incrementa en 1,19 millones. En concreto, pasa a ser de 4,27 millones de euros, frente a los 3,08 de la primera adjudicación.

Baños de polémica

La piscina municipal de Villaviciosa ha estado bañada en polémica casi desde su inauguración, llevada a cabo en 2000 con un sobrecoste de casi medio millón de euros, derivado de varios modificados en el proyecto, y pese a la existencia de un informe técnico firmado por el ingeniero municipal en el que alertaba de una larga lista de deficiencias en la construcción. Estas carencias se dieron oficialmente por superadas en 2002, lo que permitió desbloquear la devolución de la fianza a la constructora. Sin embargo, en 2009, con apenas diez años de servicio, la aparición de nuevos defectos desembocaron en otro informe técnico con un diagnóstico demoledor para el equipamiento, inmerso en un "proceso de degradación que inevitablemente conducirá a su ruina en un plazo corto". Tal situación, según el arquitecto municipal era "consecuencia directa del deficiente proceso de ejecución en su construcción, el uso de materiales inadecuados y errores en el diseño». Como consecuencia, el técnico ya alertaba entonces de la conveniencia de «impedir el uso de las instalaciones, en tanto no se realice una revisión completa del sistema eléctrico y se compruebe la estanqueidad e idoneidad de su funcionamiento». Además, consideraba necesario «iniciar el proceso de rehabilitación, reforma y reestructuración integral de la instalación, junto con la revisión de su diseño».  

Privatización

Tras unas obras menores en el sistema de electricidad y sin entrar a fondo en solventar la problemática advertida por los técnicos, el último gobierno municipal del PP decidió, en 2014, adjudicar la gestión de la piscina a la empresa Aqualia, que renunció al contrato a los pocos meses de comenzar el siguiente mandato, ya con Alejandro Vega en la Alcaldía. Al iniciarse el expediente de contratación, se descubrió que la piscina municipal no disponía de licencia de apertura y actividad, y que no podría legalizarse por haber sido construida ilegalmente en una zona verde.

Estas circunstancias obligaron a iniciar una modificación de las normas urbanísticas de 1997, al tiempo que se ejecutaban diversas inversiones para evitar el cierre de la piscina, valorándose, incluso, la construcción de una nueva en una parcela de La Barquerina, opción que se descartó a la vista de que las ayudas públicas para este tipo de intervenciones sólo financiaban la rehabilitación de edificios. Un informe de la secretaria municipal obligó a esperar a la aprobación del cambio de normas para legalizar el edificio y licitar las obras de rehabilitación, con la subvención de 1,6 millones ya concedida por el Ministerio. Ahora, el nuevo retraso provocado por las deficiencias de construcción que permanecían ocultas no solo incrementa plazos y costes, sino que también podría suponer la pérdida de los fondos europeos.