Compraron sus pisos con todo en regla y no los pueden ocupar por un deslinde de hace 25 años: las claves para entender el drama de los vecinos de La Barquerina

Una pesadilla. Compraron un piso en una reserva regional de suelo impulsada por el Principado en La Barquerina (Villaviciosa) con todo en regla y ahora se encuentran con que no pueden ocupar las viviendas, pese a que ya están prácticamente listas para entrar a vivir en ellas. La Demarcación de Costas ha interpretado que la construcción es ilegal por estar dentro de los límites de la servidumbre de la ría incluidos en un deslinde realizado hace un cuarto de siglo, al que no se hizo alusión en ningún documento oficial del proyecto residencial, y el Principado ha decretado su paralización provisional. Las 36 familias afectadas por esta situación viven "desesperadas", atrapadas en una situación kafkiana que no solo amenaza con generar graves daños económicos, sino que ya se está dejando notar en el estado de salud de algunos compradores. La problemática de La Barquerina se explica en varias claves.

Los terrenos

La Barquerina se desarrolló urbanísticamente en 2000, como una Reserva Regional de Suelo del Principado ejecutada a través de la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa), que vendió las parcelas a las promotoras interesadas sin las limitaciones de servidumbre que veinticinco años después invoca la Demarcación de Costas y bajo las condiciones establecidas en el Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina, que sigue en vigor. A partir de ahí, las constructoras obtuvieron las correspondientes licencias municipales de obras sin objeción alguna. La más absoluta normalidad presidió también las operaciones de compraventa con los particulares que adquirieron las viviendas. Ni en los trámites ante el Registro de la Propiedad, ni en la concesión de licencias, ni en las operaciones ante las notarías, ni en las declaraciones de obra nueva ni en las de división horizontal se cita afección alguna por la servidumbre de Costas.

La denuncia

Con el edificio pendiente de la licencia de primera ocupación, y con los compradores prácticamente listos para entrar en los pisos, la Vigilancia de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico presentó el pasado 5 de noviembre la denuncia de la discordia. En la misma, pone de manifiesto que en La Barquerina "se encuentra en construcción un edificio residencial de viviendas que está ocupando parcialmente terrenos de la servidumbre de protección de costas definida en la Ley 22/1988 conforme al deslinde aprobado por Orden Ministerial de 24 de abril de 2000". De igual modo, como consecuencia de una inspección que se había llevado a cabo el 31 de octubre previo, la denuncia cita también "otro edificio, ya construido, afectando parcialmente a dicha servidumbre". Este último es un inmueble cuyas viviendas se escrituraron hace 17 años y que, curiosamente, fue usado en su momento por Sogepsa como imagen publicitaria del plan residencial de la capital maliayesa.

La paralización

La denuncia de la Vigilancia de Costas se formalizó ante el Servicio de Gestión y Disciplina de la Dirección General de Urbanismo, adscrita a la Consejería de Ordenación del Territorio del Principado. Su decisión fue, como "medida provisional", la inmediata paralización del edificio pendiente de la licencia de ocupación. La notificación llegó al Ayuntamiento de Villaviciosa el 10 de diciembre. A juicio de la administración autonómica, tal medida resulta "idónea, necesaria y proporcionada" para "garantizar la protección provisional de los intereses implicados durante la tramitación del procedimiento sancionador".

La reacción municipal

El alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega Riego, ya había informado de la problemática que se estaba generando en La Barquerina tanto en una comisión informativa municipal como en el Pleno que celebró la Corporación el 4 de diciembre. Tras la notificación de la paralización decretada por el Principado decidió dar un paso más y presentar alegaciones, con el objetivo de que la administración regional levantara la medida, algo que no se ha producido. Posteriormente, el pasado día 20 de este mes, y dentro de la ofensiva de acciones para lograr una "solución urgente", el Ayuntamiento solicitó formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica la "rectificación" del polémico deslinde, aprobado el 24 de abril de 2000 para el tramo que va desde la depuradora de Nestlé hasta las inmediaciones del arroyo Abayu en su margen izquierda.

Las interpretaciones

Costas interpreta en su denuncia que, de acuerdo con el deslinde y la legislación vigente, en La Barquerina resulta de aplicación una franja de servidumbre sobre la ría de cien metros, lo que a juicio del Ayuntamiento es "erróneo". Los informes jurídicos que maneja el Consistorio maliayés concluyen que la distancia debe reducirse a veinte metros en el suelo urbano, de forma que no quede incluido en la zona de servidumbre "ninguna porción de suelo que estuviera clasificada como urbano en el planeamiento vigente en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas y se encuentre a más de veinte metros del límite interior de la ría", como es el caso de los edificios de La Barquerina. A su juicio, esa es la aplicación correcta del deslinde y de la ley.

El desenlace

Costas ya ha comunicado al Principado que no asume el error que le achaca el Ayuntamiento y mantiene los cien metros de servidumbre frente a los veinte que defiende Villaviciosa. En todo caso, la Demarcación sí podría estar abierta a buscar una solución. que pasaría por la modificación del deslinde. Las partes han quedado citadas para el próximo día 30, cuando se producirá una reunión con presencia de los tres niveles de la administración y a la que, por la parte estatal, se espera que asista el asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Los compradores confían en que se pueda llegar a un acuerdo que les permita ocupar sus viviendas "lo antes posible". "Es urgente, porque el perjuicio es enorme", claman.

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