El consejo de administración de Sogepsa analiza este miércoles la problemática de La Barquerina, en Villaviciosa: estos son los graves riesgos que corre la sociedad tras la denuncia de Costas

El caso de La Barquerina llega a la Sociedad de Gestión y Promoción de Suelo de Asturias (Sogepsa). El consejo de administración de la entidad autonómica se reúne de forma extraordinaria a mediodía de este miércoles para estudiar la adopción de medidas ante la situación generada por una denuncia de la Demarcación de Costas contra las obras de construcción de un edificio ya terminado en la avenida de España de Villaviciosa, cuya parcela fue vendida por esta sociedad cuando era de capital mixto, y que ha desencadenado la actuación de la Consejería de Ordenación del Territorio ordenando la paralización de las obras y abriendo un expediente sancionador a los promotores y a la dirección de obra.

La reunión extraordinaria tiene lugar a instancias del Ayuntamiento de Villaviciosa, que el pasado 27 de diciembre envió un requerimiento a Sogepsa para que convocara a sus órganos de gobierno ante la grave situación generada en La Barquerina, con 36 compradores sin poder acceder a sus viviendas. El actual presidente de la sociedad, el consejero Borja García, ya contestó de forma positiva a la petición el 2 de enero y, finalmente, ha convocado para este miércoles al consejo de administración, con La Barquerina como único punto del orden del día. A la reunión ha sido invitada una representación del Ayuntamiento de Villaviciosa, que, aunque no forma parte del consejo, es accionista de Sogepsa desde 2002.  

En la petición para que se reuniera el consejo de administración de Sogepsa, el alcalde maliayés, Alejandro Vega (PSOE), ponía de manifiesto que las medidas adoptadas en La Barquerina como resultado de la denuncia de Costas "ya están causando graves perjuicios personales y económicos a muchas personas y, también, a Construcciones José González S.A, empresa local que compró la parcela a Sogepsa". "En caso de que no se suspendan tales medidas, provocarían una cadena de reclamaciones económicas, también frente a esta sociedad de gestión del suelo, como vendedora de la parcela conforme a unas condiciones urbanísticas del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina que ahora son impugnadas por la Demarcación de Costas mediante una denuncia que parece compartir el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la administración del Principado con las competencias en servidumbre de protección", subraya el regidor en el escrito.

Es más, para Vega "de imponerse esta nueva interpretación de la Demarcación de Costas, 25 años después del deslinde realizado en 2000, habría que declarar nulas las licencias concedidas conforme al Plan Especial y que fueron aprobadas con informes de los técnicos". Además, el alcalde maliayés alerta del riesgo de "abrir la vía de la nulidad o de revisión del propio Plan Especial, impulsado conjuntamente por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento desde 2002, a través de Sogepsa y bajo la figura jurídica de Reserva Regional de Suelo, contando con todos los informes favorables, incluidos los de Costas".