Un recurso del aparejador municipal amenaza con frenar la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Villaviciosa

La nueva relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Villaviciosa, aprobada por el Pleno el pasado mes de julio después de años de tramitación, se enfrenta a un posible recurso judicial que podría paralizar cautelarmente su aplicación. El origen del conflicto está en el recurso administrativo presentado por el aparejador municipal, Marcos Vivas, que reclama una mayor valoración de su puesto y, en consecuencia, una mejora de sus retribuciones, además de cuestionar aspectos formales de la tramitación del documento.

El Pleno extraordinario celebrado el pasado lunes desestimó el recurso, siguiendo el criterio de los informes técnicos y jurídicos municipales. El secretario y el vicesecretario del Ayuntamiento emitieron un informe conjunto en el que rechazan los argumentos planteados por el funcionario. Vivas, no obstante, mantiene abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial. En ese caso, sería el juzgado el que tendría que decidir si procede adoptar medidas cautelares mientras se resuelve el fondo del asunto, lo que podría retrasar la aplicación de la nueva RPT.

La votación generó además un cambio de posición por parte del PP y de la concejal no adscrita, antigua edil de Vox, que se pronunciaron a favor del recurso del aparejador y votaron en contra de la propuesta de desestimación. El equipo de gobierno destacó que ambos habían votado a favor de la nueva relación de puestos de trabajo apenas un mes antes.

"Irresponsabilidad"

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, cuestiona duramente esta posición. «Respetando el derecho a recurrir que tiene cualquier persona, no compartimos en absoluto ni los argumentos que se usan ni la irresponsabilidad que supone poner en riesgo mejoras para la mayoría de la plantilla», afirma. Vega reprocha también al PP y a la concejal no adscrita que se hayan situado en contra de los informes emitidos por los responsables jurídicos municipales «para defender un interés particular».

La controversia se produce además en un momento en el que el Ayuntamiento prepara una reforma interna de la organización de los servicios municipales. El gobierno local ha planteado medidas específicas para tratar de corregir los retrasos que se vienen produciendo en la tramitación de determinados expedientes, especialmente en el área de Urbanismo, donde se acumulan demoras en licencias, informes urbanísticos y expedientes de disciplina.

La nueva RPT pretende precisamente introducir cambios en la organización municipal, con nuevos puestos y una revisión de las condiciones de diferentes trabajadores. El Ayuntamiento sostiene que se trata de la mayor reforma organizativa de la administración municipal desde la llegada de la democracia y que permitirá adaptar la estructura de la plantilla a las necesidades actuales de los servicios.

Las mejoras organizativas y retributivas previstas supondrán para las arcas municipales un desembolso de 485.809,12 euros solo durante este ejercicio. El equipo de gobierno defiende que el incremento de gasto está justificado por la necesidad de reforzar y reorganizar los servicios y de mejorar las condiciones de los empleados municipales.

La posible judicialización del recurso abre ahora un periodo de incertidumbre sobre el calendario de aplicación de la RPT. Si el funcionario decide acudir a los tribunales y solicita medidas cautelares, será la Justicia la que determine si procede suspender temporalmente el acuerdo municipal.

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