La oposición municipal responsabiliza al gobierno de Villaviciosa de los problemas con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento

El PP de Villaviciosa y la concejal no adscrita Marta Sanz Alejo, exconcejal de Vox, responsabilizan al gobierno municipal (PSOE) de la controversia abierta en torno a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento y le reclaman que «deje de buscar culpables» entre la oposición.Lo hacen mediante un comunicado conjunto después de que el alcalde, Alejandro Vega, criticase su decisión de apoyar el recurso presentado por el aparejador municipal, Marcos Vivas, contra la RPT que el Pleno extraordinario rechazó el pasado lunes.

La polémica se abrió después de que los ediles del PP y Sanz Alejo votasen a favor del recurso de Vivas y en contra de la propuesta de desestimación, pese a que ambos habían respaldado apenas un mes antes, en el Pleno de julio, la aprobación de la nueva RPT. El aparejador reclama una mayor valoración de su puesto y, en consecuencia, una mejora de sus retribuciones, además de cuestionar aspectos formales de la tramitación. El secretario y el vicesecretario municipales emitieron un informe conjunto contrario a sus pretensiones y Vivas mantiene abierta la posibilidad de acudir ahora a los tribunales.

Garantías

Ante las críticas del gobierno local, el PP y la concejal no adscrita sostienen que es el ejecutivo municipal quien debe asumir la responsabilidad por la tramitación de la RPT. «El Ayuntamiento ha tenido más de una década para abordar, modificar y tramitar la RPT con todas las garantías legales», señalan en su comunicado. A su juicio, el gobierno «no puede pretender ahora presentar las consecuencias de su propia gestión como un problema heredado o como una responsabilidad de terceros».

La oposición considera que la RPT aprobada es "fruto de las decisiones adoptadas por quienes gobiernan" y, por tanto, "son ellos quienes deben responder por sus consecuencias". El PP y Sanz Alejo recuerdan que el ejecutivo de Alejandro Vega lleva más de once años gobernando y dispone de mayoría absoluta. La oposición pone también el foco en la fórmula utilizada para contratar la elaboración de la RPT, cuestionando que un procedimiento que califican de «complejo y de gran trascendencia para el Ayuntamiento» se encargase mediante un contrato menor, cuyo plazo de ejecución, subrayan, está limitado a un año y es improrrogable. «Si existían otras fórmulas de contratación más adecuadas para un trabajo de esta complejidad, el Gobierno deberá explicar por qué optó por esta vía y quién tomó esa decisión», afirman, antes de asegurar que no prejuzgan el resultado del recurso y que su posición responde a una exigencia de «transparencia, rigor y garantías jurídicas».

El recurso

El comunicado se detiene también en la situación del aparejador municipal. El PP y Sanz Alejo sostienen que resulta difícil conciliar el respeto al derecho del funcionario a recurrir defendido por el gobierno con que, mientras tanto, «se le abran expedientes y se le deje públicamente en una situación especialmente delicada». La oposición afirma que Vivas pidió a la Secretaría municipal que su recurso fuese notificado individualmente a todos los concejales de la Corporación, pero que Secretaría no consideró oportuno hacerlo.La oposición mantiene también «dudas sobre las garantías del procedimiento», pese a la existencia del informe jurídico favorable a la desestimación del recurso. «Que exista un informe jurídico favorable no significa que no pueda ser objeto de análisis y debate», sostienen. Según la interpretación que hacen del documento, el informe habla de irregularidades en el procedimiento que considera no invalidantes. «No cuestionamos de antemano la validez del informe, pero sí creemos necesario aclarar cómo se garantiza su independencia cuando quien lo suscribe está directamente afectado por la RPT», añade el comunicado.

Otro de los reproches se refiere al acceso telemático de los concejales a los expedientes municipales. El PP y la concejal no adscrita aseguran que el nuevo servidor es «bastante complejo» y que resulta difícil localizar toda la información, al encontrarse repartida entre numerosas carpetas y archivos. La oposición sostieneque no se ha facilitado formación a los concejales para conocer el manejo del nuevo sistema, una situación que, según denuncia, limita sus funciones de fiscalización del gobierno municipal.

Críticas

El comunicado responde también a las descalificaciones que la oposición atribuye al Alcalde. Alejandro Vega había acusado al PP y a Sanz Alejo de actuar de forma «irresponsable» al apoyar un recurso que, según el gobierno, puede poner en riesgo las mejoras previstas para la mayoría de la plantilla, y les reprochó situarse contra los informes de los responsables jurídicos municipales «para defender un interés particular». La oposición replica que expresiones como que sus representantes «no tienen vergüenza», son «falsos» o pretenden «engañar» no aportan nada al debate. «Deja de manifiesto el nerviosismo del Alcalde, que ante la falta de argumentos recurre a las descalificaciones», sostiene el partido. También reclama a Vega que concrete a qué antiguos trabajadores municipales acusa de connivencia con la oposición. «Como es costumbre en el señor alcalde, tira la piedra y esconde la mano. Le pedimos que diga a qué antiguos trabajadores municipales acusa de connivencia con la oposición», recoge el comunicado.

«Responsabilidades»

El PP y Marta Sanz Alejo cierran su posicionamiento insistiendo en que la mayoría absoluta del gobierno municipal "implica asumir la responsabilidad de las decisiones adoptadas". «Si la RPT cumple la legalidad, el recurso no prosperará. Y si finalmente se determina que existen errores o irregularidades, deberá asumir las consecuencias», señalan.«Lo que no puede pretender el Gobierno municipal es tener la mayoría absoluta para decidir y al mismo tiempo buscar después culpables cuando surgen problemas. Gobernar es decidir. Y gobernar también es asumir responsabilidades», concluyen.