Cada vez que responde a una pregunta sobre el funcionamiento de la asociación desde la que trabaja desde hace más de una década ayudando a mujeres que caen en las redes internacionales de los traficantes de sexo, Esther Rodríguez no puede evitar que se le venga a la cabeza el rostro de alguna de ellas. Recuerda a aquella joven nigeriana, a una mujer que solo habla guaraní, a la que envía la mayor parte de lo que ingresa a su hijo enfermo. Rodríguez coordina la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) desde hace 13 años y ha visto y escuchado muchas cosas en ellos. No es fácil hacerle hablar de ello, porque intenta guardar la máxima discreción para protegerlas y no quiere malograr todo el esfuerzo que dedican realizado.
Hace 23 años que APRAMP llegó a Asturias, desde el principio en estrecha colaboración con instituciones públicas, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Su trabajo consiste en prestar ayuda a las mujeres víctimas de explotación sexual y de trata y por él, esta misma semana, ha sido premiada por la Delegación del Gobierno en Asturias con la Menina 2021, una distinción que reconoce la contribución de una persona o de un colectivo a la lucha contra la violencia de género.
En 2020, un año peculiar por la pandemia, por el centro de acogida de APRAMP en Asturias pasaron 306 mujeres y en a través de su unidad móvil fueron atendidas 348. Asturias es de las provincias españolas en las que menos víctimas de trata encuentra la asociación y sus cifras son muy inferiores a las de lugares como Almería, Murcia o Badajoz, y por supuesto a las de grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
La actividad de APRAMP, que en Asturias cuenta con mediadoras, trabajadoras sociales y una coordinadora, se desarrolla a través de dos programas. Por un lado, está la unidad móvil, en la que su personal se desplaza hasta los lugares donde las mujeres son prostituidas, para intentar contactar con ellas. Este programa de acercamiento sirve para ofrecer material preventivo e información sanitaria a las mujeres y también talleres de prevención y reducción de riesgos. En la asociación son muy reacias a dar información y detalles sobre su forma de trabajar, para no cerrarse puertas y minimizar riesgos, así que hay que prescindir de los detalles.
APRAM dispone además con un centro de acogida, que tiene su sede en Avilés y donde las mujeres suelen recalar, según explica Esther Rodríguez, desde la unidad móvil de la asociación o remitidas por las fuerzas de seguridad. En el centro reciben la atención que necesitan, adaptada a cada caso, y a menudo en más de un área. En APRAM ofrecen servicios sociales, jurídicos, sanitarios, psicológicos y formación orientada al empleo.
Desde la asociación hacen énfasis en esta última, porque es la que ofrece “oportunidades reales a las mujeres para salir del contexto de explotación” en el que están atrapadas. También se realizan intervenciones sociales y psicológicas, estas últimas de acompañamiento y o bien especializadas para ayudarlas a recuperar la autonomía y superar la violencia a la que han sido sometidas.
El 94 por ciento de las víctimas de trata que APRAMP ha atendido en Asturias son extranjeras, sobre todo del continente americano: Colombia, República Dominicana, Brasil, Venezuela, Paraguay, por ese orden. Su procedencia está estrechamente ligada a la situación económica en sus países, algo que pone en evidencia el repunte reciente en los prostíbulos de mujeres que provienen de Venezuela. “Las redes de trata aprovechan la situación socio política”, afirma Esther Rodríguez, por eso la cooperación con los países de origen es imprescindible
Esther Rodríguez aclara que no todas las mujeres explotadas en los clubs de alterne o en pisos son víctimas de trata y nos remite al protocolo de Palermo, aprobado en el año 2000 por Naciones Unidas y donde se define qué es la trata de personas y qué elementos se tienen que dar para hablar de ella con corrección.
La coordinadora de APRAMP en Asturias especifica que la trata requiere que la persona sea captada, trasladada, acogida y recibida, como una mercancía. En esa captación media el engaño, las amenazas, el fraude, el abuso de poder o bien hay pagos de por medio, con el fin de obtener el consentimiento para explotar a las mujeres. Ese consentimiento a veces lo dan ellas y a veces una persona ajena –como un pariente–. Hay otros fines para la trata de seres humanos, añade Esther Rodríguez, no solo la explotación sexual. También se comercia con personas para usarlas en trabajos forzosos, la esclavitud, los matrimonios impuestos o la extracción de órganos.
Cuando acaban en el mercado del sexo, la primera reacción de las mujeres cuando alguien se ofrece a ayudarlas, como las trabajadoras de APRAMP, es de desconfianza. “En ocasiones las ha engañado y fallado su propia familia. Que les ofrezcamos material y atención gratuitas les sorprende, porque ellas han tenido que pagar por todo desde que iniciaron el proceso migratorio”, comenta Esther Rodríguez.
Una vez en España tienen que devolver la deuda contraída con la red de trata y para conseguirlo tienen que aceptar ser tratadas “como esclavas” y estar disponibles 24 horas siete días a la semana.
“Todas las mujeres llegan buscando una vida mejor para ellas y para su familia, por la falta de oportunidades en sus países de origen”, indica la coordinadora de APRAMP y, en este momento de la conversación, se le viene a la cabeza una mujer, que dejó a su hijo enfermo en su país y que trabajaba para mandar el dinero con el que se paga su tratamiento médico.
APRAMP prefiere ver a todas esas mujeres más como “supervivientes” que como víctimas de un delito, que por supuesto también lo son. “Muchas de ellas, no se reconocen como víctimas, piensan que es parte del precio que tienen pagar si quieren emigrar”, cuenta su coordinadora regional, y es aún más difícil cuando mantienen una relación sentimental con la persona que las ha conducido a esa situación. Esther Rodríguez recuerda a varias mujeres rumanas, que fueron rescatadas por APRAMP y que cayeron en las redes de la trata por el método “lover boy”.
Las mujeres que APRAMP atiende, según Esther Rodríguez, “son las excluidas de la exclusión, porque sufren una triple discriminación: por ser mujeres, por ser inmigrantes y por estar en un contexto de prostitución”.
La postura de APRAMP respecto a la prostitución es rotundamente abolicionista. Trabaja contra la normalización de la prostitución y sus portavoces afirman que en los países que la han legalizado hay estudios que demuestran que la trata no ha disminuido. “Las mujeres con las que nosotras trabajamos no pueden elegir, pagan por su deuda, el piso se lleva 50 por ciento de cada pase…”, refiere e insiste en que “ninguna niña de pequeña dice que quiere ser puta y a nadie nos gustaría que nuestra madre, hija o hermana trabajara como prostituta”.
“El foco hay que ponerlo en el cliente, en la persona que demanda sexo para que las redes traigan mujeres aquí. Si aquí no hubiera hombres pagaran por sexo la trata se acabaría, pero la prostitución es de los negocios más lucrativos, junto con el tráfico de armas y las drogas”, argumenta.
La sociedad, lamenta, ha normalizado la explotación sexual y la trata, prefiere mirar para otro lado. La justicia es, en su opinión, “demasiado light”. “La prostitución es una violencia simbólica hacia todas nosotras y perpetúa una violencia machista y patriarcal”, agrega. APRAM considera que “la trata de personas con fines de explotación sexual es el máximo exponente de violencia hacia las mujeres, y es una cuestión que no nos puede dejar indiferente porque vivimos en un estado igualitario y de derecho, y no podemos permitir que existan esclavas sexuales”.
En APRAMP, las decisiones las toman las propias mujeres, “nosotras les abrimos caminos, no presionamos. Si una mujer decide quedarse, la respetamos; mantenemos el contacto, y saben que estamos ahí, cuando necesiten o si quieren venir”. APRAMP llega adonde las administraciones no llegan y no pretende ser más que “un puente entre la esclavitud y la libertad”.
