Imposible pasar de largo y evadir la gresca política, judicial y ciudadana que ha desencadenado la aplicación de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Así que allá vamos. La ley del sí es sí, que podría ser igualmente la del no es no, es el proyecto estrella de Podemos en el Ministerio de Igualdad y fue aprobada en el Congreso con los votos en contra del PP y Vox y con la abstención de la CUP. Nadie, ni los que promovieron su promulgación, ni los que la ratificaron con sus votos, podían desconocer las consecuencias de su entrada en vigor. Algunos lo advirtieron, incluido el Consejo General del Poder Judicial.
El común de la ciudadanía puede sorprenderse e indignarse por las reducciones de penas y las excarcelaciones de violadores y abusadores, con las que no contaba. Eran inevitables tal y como fue aprobada la ley, en aplicación del principio de retroactividad jurídica, nos explican los juristas. Los políticos que la impulsaron lo sabían.
Puede que la ley del sí es sí sea un despropósito o quizás esté siendo aplicada torticeramente. Quizá las dos cosas. Se trata de cuestiones técnicas, en las que ni los juristas se ponen totalmente de acuerdo. Quienes la redactaron y la sacaron adelante tendrían que haber profundizado en ella y prever los desvíos en el espíritu de la ley, disponiendo herramientas para corregirlos. Si los asumen, justificándolos en razón de algún supuesto bien mayor, deberían ser valientes y explicarlo.
El Ministerio de Igualdad ha reaccionado infantilmente, como un niño pillado en falta y ha recurrido al ataque como defensa. Se equivoca apuntando con el dedo acusador a los jueces y dando argumentos a las manadas que, desde uno y otro extremo, calientan las redes.
Se habla mucho de fanatismo, en este caso de fanatismo feminista, y de la ineptitud de los cuadros dirigentes, y es verdad. El populismo atraviesa todo el discurso y la gestión política. Triunfa la superficialidad, la cortedad de miras, el rédito político y económico. De la talla intelectual y moral de la clase política, en términos generales, mejor ni hablamos.
No se puede legislar a ciegas ni a la ligera, no se puede gobernar con eslóganes y consignas. En democracia hay límites y garantías que cumplir. En cuestiones tan sensibles como esta, o como muchas otras sobre las que hay que legislar, hay que tenerlos muy presentes y actuar con escrupulosidad. No es no, por mucho que el legislador de turno se empeñe en lo contrario.
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