Ayudar a las familias que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad como consecuencia de la falta de recursos económicos que les impiden hacer frente a las necesidades básicas de la vida diaria. Éste es el gran objetivo del ambicioso paquete de medidas aprobado el pasado 13 de diciembre por el Gobierno de la nación, que preside Mariano Rajoy, denominado "plan de inclusión social" y que cuenta con unos fondos de una cuantía desconocida hasta ahora en este ámbito: 163.000 millones de euros para los próximos cuatro años.
Se trata del primer programa de este tipo que se pone en marcha en España y refleja el auténtico compromiso del Gobierno del Partido Popular, con hechos y no con palabras, con quienes sufren y padecen los rigores y los duros avatares derivados de la carencia de los más mínimos recursos necesarios para vivir y desarrollarse en la sociedad.
Los 163.000 millones que se destinarán persiguen un triple objetivo: fomentar el empleo, desarrollar el sistema de prestaciones y servicios sociales básicos y una especial dedicación a los grupos sociales que se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión.
Noventa y tres millones de euros al día durante los próximos cuatro años es lo que destinará el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, a cubrir necesidades sociales de urgencia.
Y frente a este paso decidido y comprometido de las políticas de Mariano Rajoy con quienes más lo necesitan, el Gobierno regional socialista de Javier Fernández y su Consejería de Bienestar Social constituyen el reverso de la moneda de las políticas sociales en Asturias.
Esther Díaz, la consejera socialista de Bienestar Social, insiste, persiste y se empecina día tras día en disfrazar su manifiesta incapacidad en la gestión de los Servicios Sociales asturianos arremetiendo contra todos los proyectos y planes del Gobierno de la nación.
Buen ejemplo de esta actitud fue la reprobación cosechada por la Consejera en la Junta General por todos los grupos parlamentarios, salvo el Socialista, por el desorden y el desgobierno más que evidentes en una parcela tan sensible como es la tramitación y el pago del salario social.
Pero la consejera socialista, lejos de admitir su estrepitoso fracaso, sacó pecho y con su habitual lenguaje agrio y prepotente se vanaglorió de tardar 12 meses en resolver los expedientes del salario social, cuando está obligada a hacerlo en tres meses.
Algo funciona mal en la gestión de Esther Díaz cuando, a pesar de la tacha que ha supuesto su reprobación en el Parlamento asturiano, no es capaz o no tiene voluntad de cambiar su actitud para, al menos, cumplir con la legalidad a la que está obligada.
Me pregunto si no se le encogió el corazón cuando se enteró de que una asturiana lleva ¡20 meses! esperando respuesta de la Consejería de Bienestar Social para poder subsistir junto a su familia. Una asturiana que no pide limosna, sino su derecho a obtener el salario social.
Existe una auténtica necrosis en el seno de la Consejería de Bienestar Social y convendría que Javier Fernández tomase cartas en este problema de manera urgente, y aplique una cirugía que rectifique la nefasta forma de gestionar los Servicios Sociales en Asturias.
Y es que la importante dotación económica que le corresponderá al Principado dentro del plan nacional de inclusión social corre el riesgo de ser gestionada tarde y mal por la Consejería de Bienestar Social.
Por ello, es imprescindible que se garantice que el ingente caudal de dinero que el Gobierno de Mariano Rajoy destina a las políticas en pro de los colectivos más desfavorecidos no se diluya en el descontrol, el desgobierno y la incapacidad que caracterizan al Gobierno regional socialista.
