Asturias escribe su propia Historia en los trabajos de Marta Friera. Esta jurista estudia desde hace años los avatares de la Junta General del Principado en el período de transición entre el Antiguo Régimen y la instauración del constitucionalismo en España, a principios del siglo XIX, cuando este órgano con potestades normativas desaparece tras la plena instauración del centralismo borbónico. "La provincia fracasa en el intento de mantener sus fueros, al contrario que los vascos y los navarros, por varios motivos. Entre ellos, la insuficiente unidad de los concejos y el triunfo de las tesis del pensamiento liberal", señala la profesora, conocedora como pocos de los antecedentes del actual entramado institucional de la región y que desarrolla su labor como miembro de dos grupos de investigación.
La joven profesora comenzó a indagar en la organización, el funcionamiento y la capacidad jurídica de la Junta General a finales del XVIII y principios del XIX durante la preparación de su tesis doctoral. "Por entonces, era un cuerpo propio del Antiguo Régimen, una corporación de corporaciones. En ella, no estaba representado el individuo, como ocurre en la actualidad, sino cuerpos concejiles o concejos que, a su vez, representaban a cabezas de familia", explica. "Seguía siendo, en parte, fiel a sus orígenes, ya que surge como una respuesta de las entidades locales frente al señorío a cambio de someterse a la jurisdicción del Rey para que se respetaran sus propias normas", añade.
En aquella Junta General de hace más de doscientos años estaban representados 70 concejos, cotos y jurisdicciones, que se correspondían prácticamente con los actuales límites geográficos de la región, a excepción de las Peñamelleras y Ribadedeva. Pero no regía el principio de igualdad, ya que, por ejemplo, los 34 concejos realengos disponían de derecho a un voto y las 24 obispalías (especialmente abundantes en el Occidente) disponían tan sólo de un tercio de voto cada una. Las reuniones se celebraban siempre en la Sala Capitular de la Catedral de Oviedo y en ellas se tomaban decisiones sobre la vida y hacienda de los vecinos. "Contamos con actas perfectamente documentadas desde 1594 gracias a una orden de Felipe II. Pero las sesiones arrancan mucho antes, a finales del siglo XIV", indica Friera.
Pero la investigadora advierte de que la influencia de la Junta era limitada debido al gran poder que durante siglos habían acumulado los concejos, a los que también ha dedicado varios trabajos. "En la Edad Media, en Asturias había un mayor sentimiento de pertenencia al ámbito local que a la provincia", señala. Una correlación de fuerzas que, poco a poco, se equilibra a favor de la institución regional, que alcanza su máximo esplendor durante el siglo XVIII, hasta su desaparición definitiva en 1835, un año antes de la promulgación de la Constitución de 1836, heredera de muchos principios de la de 1812.
Un momento cumbre para Asturias ya que, como Galicia y la Cantabria histórica, pierde sus fueros. "La provincia se queda sin cualquier peculiaridad jurídica pública o privada porque existe cierta desunión entre los concejos, que no compartían intereses en muchos casos. Algo que no ocurre en los territorios vascos y navarros, donde sí se logra esa unidad", comenta la profesora. Pero también tiene una influencia decisiva el peso del movimiento liberal a nivel nacional, con destacadas figuras de la región. No obstante, Friera aclara que este aspecto no es tan decisivo como algunos apuntan. "A pesar de que esta corriente política contaba con destacados representantes locales, la sociedad asturiana era mayoritariamente tradicionalista", sostiene.
La experta ha llegado a muchas de estas conclusiones a través de las investigaciones que desarrolla en los dos grupos a los que pertenece, ambos con financiación del Gobierno central. Uno de ellos, denominado "Martínez Marina" en honor al asturiano que está considerado como el padre de la Historia del Derecho, se dedica al estudio de los poderes locales durante los siglos XVIII y XIX y está integrado por una decena de docentes de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Cataluña, los territorios que contaban con juntas durante ese período y que, a la vez, no tenían voto en el Consejo de la Corona de Castilla. "Cada uno estudia la articulación de cada una de estas regiones dentro del Reino", comenta Friera. Su otro equipo, dirigido por la historiadora María Ángeles Faya, estudia las ciudades de este período desde una perspectiva multidisciplinar. "Puedo sentirme afortunada porque me dedico a lo que me gusta, aunque también es cierto que a veces no me da tiempo a todo lo que quisiera hacer", concluye esta experta en contemplar los orígenes de Asturias como sujeto político.
