Los retrasos en la financiación por parte del Principado de los programas de Servicios Sociales asfixia a los municipios, según reconocieron ayer responsables municipales de distintos concejos. La situación llega hasta tal punto que los ayuntamientos tienen de forma habitual que desviar fondos de otras partidas para poder seguir prestando los servicios, mientras aguardan a que el Principado abone su cantidad. "Es una práctica de dudosa legalidad", admite un alcalde consultado por LA NUEVA ESPAÑA.
Aunque finalmente el gobierno regional termina por pagar su parte, algunos municipios consideran que el actual modelo necesita una revisión: "En esta situación, es mejor que directamente se traspase la competencia a los concejos", afirmó un regidor. "Acabará llegando un día en el que nos plantemos y dejemos de prestar servicios", advierte otro.
Por un lado, han aumentado las necesidades presupuestarias para hacer frente a la demanda de ayuda social; por el otro, las administraciones estatal y autonómica no pueden hacer frente a esas subidas al contar con presupuestos prorrogados, y por medio se añaden los retrasos en la gestión de los fondos que debe inyectar el Principado a los ayuntamientos y las dificultades que establece la ley para aumentar el techo de gasto, sostienen alcaldes.
Los regidores de Mieres y Langreo (ambos de Izquierda Unida) salieron el sábado a la par para arremeter contra el Principado. Aunque la queja se enmarcaba en un supuesto abandono por parte del Ejecutivo de Javier Fernández hacia las cuencas mineras, el fondo del malestar está en los "incumplimientos" del gobierno regional en dos asuntos que se han venido convirtiendo en un quebradero de cabeza para los municipios: la financiación de los servicios sociales y la gestión de las escuelas de hasta tres años.
"No es una situación exclusiva de nuestros concejos, sino general", afirmó ayer Jesús Sánchez, alcalde de Langreo. Se trata de una queja que también existe en los municipios gobernados por el PSOE, aunque callada. Ante el descontento de algunos concejos por la falta de beligerancia reivindicativa de la Federación Asturiana de Concejos (órgano que engloba a los ayuntamientos y que debería ser voz para presionar por esta situación), algunos municipios sopesan formar un frente al margen para trasladar su queja a la administración regional. "Algo tenemos que hacer", admitió Sánchez. La propuesta de establecer un frente común podría incluir a municipios no gobernados por el PSOE, con Gijón como el mayor de los descontentos (el gobierno municipal ya ha expresado su malestar por el reparto de la financiación regional para servicios sociales).
Buena parte de los servicios que prestan los municipos se enmarcan en el plan concertado y no fue hasta el pasado 8 de junio cuando el Consejo de Gobierno dio luz verde a la firma de los convenios con las entidades municipales. La cuantía para este año es de algo más de 49 millones, de los que el Ejecutivo autonómico se comprometió a aportar casi 26 millones de euros.
Este plan concertado financia servicios básicos que prestan los municipios sin tener las competencias, ya que corresponden a la comunidad autónoma. Incluye gasto de personal, mantenimiento de centros y prestaciones que van desde los servicios de información y valoración de las demandas recibidas, las ayudas de emergencia, los programas de incorporación social, los servicios de teleasistencia domiciliaria y ayuda a domicilio que reciben las personas no dependientes y otras iniciativas dirigidas a mayores.
Además, el Principado financia, por medio de una encomienda de gestión con los municipios, los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia de la dependencia.
