"Es bastante habitual encontrar trabajos de los alumnos que plagian o fusilan partes de un artículo, un libro o un manual sin citar la autoría", defiende un alto cargo de la Universidad de Oviedo, conocedor del funcionamiento de los comités disciplinarios en el ámbito académico. Si bien en Asturias no se ha alcanzado en ningún caso la gravedad del plagio que se atribuye al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez Bilbao, es una cuestión que preocupa, sobre todo por lo "difuso" de los mecanismos de control para atajar este tipo de acciones. La máxima autoridad académica de la Rey Juan Carlos de Madrid publicó un artículo en 2005 en el "Anuario de Historia del Derecho Español" plagiado de "El status del poder judicial en el constitucionalismo español", un libro publicado en 1995 por el catedrático de la Universidad de Barcelona Miguel Ángel Aparicio Pérez.
El plagio ha sido descubierto once años después por un alumno del centro que se percató de la desaparición del catálogo de la biblioteca del libro de Aparicio, hecho que denunció en un blog abierto para los estudiantes por el profesor David Ríos Insua. Tras la alerta, se llegó a la conclusión de que la descatalogación se llevó a cabo porque el texto de Suárez reproduce párrafos y páginas enteras del libro del Aparicio. Pero no fue el único. También plagió una tesis doctoral de una alumna en 2008, detallan fuentes conocedoras del caso.
Con el sugerente título "Investigar sin esfuerzo. Método de barra libre", un dossier entregado la pasada semana al Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, recoge hasta cinco perjudicados más: Luis Barbastro Gil, Abraham Barrero, Leandro Higueruela del Pino, Emilio La Parra López, Manuel Antonio Pacheco Barrio, a quienes se han plagiado páginas enteras de sus obras parte del rector de la Rey Juan Carlos, que dice ser -porque hasta su currículo está en duda estos días- catedrático de Historia del Derecho y miembro de las reales academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Fernando Suárez también plagió párrafos completos de la tesis doctoral del cónsul de Portugal en Málaga e hizo suyo el trabajo de Rafael Pérez Peña, sin citarle.
Por el momento, el único órgano que se ha pronunciado sobre este asunto, y no de manera firme, es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para echar balones fuera al asegurar que la polémica se queda en el ámbito interno de la Universidad a la que pertenece el aludido.
En Asturias el profesor de Derecho Constitucional Ignacio Fernández Sarasola se suma a la lista de afectados por la conducta del Rector de la Rey Juan Carlos, Fernando Suárez Bilbao, quien reproduce también párrafos de un trabajo de Sarasola sin citarlo.
"Si se investiga el corta y pega de un alumno, cuánto más hay que hacerlo con un profesor o con rector", reclama otro de los afectados, el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos Barros, quien considera un drama que un rector apoyado por una mayoría del claustro desarrolle este tipo de conductas. El secretario del Consejo Social de la Universidad asturiana, Ignacio Villaverde, reconoce que no existe "aforamiento ni privilegio alguno" para que a un Rector se le abra expediente disciplinario por este tipo de acciones. Si bien en España "somos más condescendientes", Villaverde recuerda la dimisión de un ministro del ejecutivo alemán de Angela Merkel tras conocerse que había copiado parte de su tesis.
El caso de la Rey Juan Carlos, continúa el secretario del Consejo Social y catedrático de Derecho Constitucional, "es una caso aislado, en el mundo universitario la gente es rigurosa". Sin embargo, "por muy rector que sea es un comportamiento inaceptable para la comunidad científica. Se echa en falta una reacción más enérgica", continúa Villaverde sobre la tibia contestación de la CRUE.
El procedimiento en estos casos, explica el catedrático, es la instrucción de un expediente ante la sospecha de plagio que, como delito contra la propiedad intelectual, debería trasladarse al Ministerio Fiscal y a partir de ahí actuar por la vía penal. Si no prosperase o derivara en sentencia absolutoria "podría abrirse un expediente disciplinario interno", detalla Villaverde. Y en ese caso, como falta "muy grave" podría derivar en la suspensión de empleo y sueldo de la persona señalada por plagio. "Luego también existe la posibilidad de queja ante el Consejo Social o el Defensor Universitario", continúa, pero su acción sería en el sentido similar al señalado en primera instancia: o abrir un expediente disciplinario o acudir a la Fiscalía ante los indicios de un delito contra la propiedad intelectual.
La dimisión del ministro alemán "aquí sería más difícil", opina Villaverde. En cualquier caso, ante situaciones como la de la Rey Juan Carlos "lo propio es que se ponga el caso en manos del secretario general de la Universidad y que la comisión disciplinaria proponga la apertura de un expediente disciplinario pero a ver qué vicerrector hace eso contra su rector", advierte.
"El plagio es delito", enfatiza el catedrático de Derecho Constitucional y cuando se ha visto en un caso similar como profesor al final la solución ha sido "citar al alumno, y suspenso; normalmente no se va a más". Cuando la polémica del "copia y pega" implica a los estudiantes, como en el caso de tesis doctorales, se insta a retirar el trabajo y comenzar de cero. Si bien hay universidades que emplean programas antiplagio en España no funciona de forma sistematizada y solo editoriales de prestigio hacen uso de esos controles. "Nuestro listón moral no es especialmente alto", constata Villaverde, pese a que "después de vender aprobados, aprovecharse del trabajo de los compañeros" constituye una conducta claramente reprobable.
Recientemente, el plagio de un trabajo fin de grado en la Universidad de Oviedo, defendido en 2015, puso en evidencia las fugas del sistema ante una violación de los límites de la propiedad intelectual. La investigación de la alumna era una copia casi idéntica de otro trabajo presentado un año antes. El reglamento de la Universidad recoge que la realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación implica automáticamente el suspenso. Además, en caso de fraude, el profesor que haya detectado una irregularidad podrá elevar el caso a la comisión de gobierno del centro. Cuando se puso en manos de los servicios jurídicos la alumna había finalizado sus estudios y, por tanto, era imposible aplicar la normativa universitaria.
