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El aval de los tribunales al Plan del lobo da "seguridad jurídica" al Principado

Los ecologistas llevan ante el fiscal la eliminación de dos ejemplares en una batida de jabalí celebrada en la reserva de caza de Somiedo

El respaldo de los tribunales de justicia al II Plan de gestión del lobo da "seguridad jurídica" al Principado para seguir aplicando el programa 2017-18 que prevé la extracción de 45 ejemplares en la región, según fuentes jurídicas consultadas ayer por este periódico. Restaría únicamente por dilucidar la legalidad del programa anual, pendiente de dos recursos. Los autos y sentencias previos hacen pensar a los abogados consultados que el programa tiene "muchas posibilidades" de recibir también el parabién judicial.

Mientras tanto, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies denunció ayer ante la Fiscalía Superior de Asturias la muerte de dos lobos durante una batida de jabalí celebrada el 9 de noviembre en de la Reserva de Caza de Somiedo, en el concejo de Teverga, dentro del parque natural de Las Ubiñas-La Mesa. El colectivo pretende recurrir ahora a la vía penal, al considerar que se pudo cometer un delito de prevaricación.

Los ecologistas destacaron que el lobo es una especie incluida en el Convenio de Berna y la Directiva de Hábitats, ratificados por España. Añadieron que el lobo no es una especie cinegética en Asturias, y por lo tanto solo puede ser cazado "excepcionalmente", cuando esté justificado "por razón de daños o de índole biológica", algo que, a su juicio, no sucede porque el Principado "reconoce que los daños han disminuido significativamente en los últimos años". Además, las muertes ocurrieron en una reserva regional, y el Plan de Caza 2017-18 "no recoge la posibilidad de cazar lobos" , indicaron.

Por su lado, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) señaló que el Plan del lobo es "incumplible" y que los cazadores no pueden abatir ejemplares de esta especie de forma "automática, como se hace en Asturias", por lo que a su juicio se está quebrantando la legalidad. Negó que el colectivo sea "extremista", pero destacó que solo llegará a acuerdos con la Administración sobre la base de "hechos ciertos y constatados", y no de "falsedades" como las que esgrime el Principado, pues "no se publican con transparencia y de manera real" los daños del lobo, ni son "contrastados" y "verificados" como ocurría hace unos años.

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