España no se divide sólo en norte y sur. La reforma de la financiación autonómica, un sistema del que dependen el 75 de los recursos con los que se financian los servicios públicos, con atención preferente a la sanidad y la educación, define un nuevo marco en el que los distintos gobiernos autonómicos forjan alianzas que van más allá incluso de las siglas de partido. Las conclusiones del grupo de trabajo sobre la reforma de la financiación ofrecen una clara diferenciación entre dos grandes bloques: los gobiernos autonómicos que abogan por formas competitivas con un reparto de recursos estrechamente ligado a sus capacidades fiscales y los que se decantan por una concepción del estado cooperativa, vinculada a la solidaridad que consagra la Constitución de 1978.
El presidente del Principado, Javier Fernández, se refirió a ese "indiscutible conflicto político entre las formas cooperativas y competitivas de la organización federal", en la conferencia que ofreció el martes en Madrid, foro que aprovechó para reflexionar sobre el escenario abierto en España con dos reformas de tanto calado como las de la Constitución y del sistema de financiación autonómica.
El debate político sobre la reforma del sistema de financiación no está lanzado todavía debido, fundamentalmente al paréntesis obligado por la crisis y las posteriores elecciones en Cataluña. Pese a ese parón, los diferentes gobiernos autonómicos han aprovechado estos meses para definir sus posiciones ante el tablero de la futura negociación. La cumbre del Noroeste, que tuvo lugar en Oviedo el pasado mes de noviembre, sirvió para escenificar la primera gran alianza entre tres comunidades autónomas que sin tener realidades idénticas sí defienden un modelo de financiación similar, basado en la solidaridad interterritorial y donde no haya privilegios para ninguna autonomía por cuestiones identitarias o porque cuenten con más ingresos. Los gobiernos de Asturias (PSOE), Galicia y Castilla y León (ambos del PP) se posicionaron en contra de la ordinalidad y a favor del "statu quo", el mecanismo que garantiza que ninguna región pierda recursos respecto al modelo de reparto anterior.
A la posición cooperativa de estas tres comunidades se han sumado otras autonomías, como es el caso de las uniprovinciales de Cantabria y La Rioja, además de Extremadura y Aragón, también con gobiernos donde hay presencia socialista y popular. Por su parte, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias también se decantan por la solidaridad interterritorial aunque abogan por un modelo donde prime el número de habitantes, sobre cuestiones como el envejecimiento y la dispersión.
Nadie quiere hablar de frentes pero los discursos críticos con la ordinalidad y en defensa del "statu quo" de las comunidades cooperativas están en las antípodas de los que manejan las autonomías Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, las más firmes defensoras de que se respete la ordinalidad en el futuro modelo. Es decir, las regiones que más aportan deben ver mejorada su posición en el reparto per cápita de los recursos. Baleares es la segunda autonomía de régimen común que más recauda por habitante mientras que Cataluña era la tercera pero, como consecuencia de la contribución a la solidaridad regional, caen a la novena y undécima posición en financiación por habitante. La Comunidad Valenciana es la octava autonomía en capacidad recaudatoria pero con el actual sistema de financiación queda en la penúltima posición de recursos per cápita.
Las razones que mueven a Madrid a reivindicar el principio de ordinalidad son de naturaleza exclusivamente económica y no tienen nada que ver con la defensa identitaria que sí está presente en las posiciones que tradicionalmente defendió Cataluña y que se atisban en Baleares y la Comunidad Valenciana. A este tablero de intereses cruzados permanecen ajenos el País Vasco y Navarra aunque cada vez son más las autonomías que piden un cálculo más real y menos político. Con las cartas repartidas, falta Cataluña para empezar la partida.
