El pasado lunes se consumaba el proceso de privatización del agua mediante la firma del contrato con la empresa Aquagest. Un día negro para los avilesinos y avilesinas, para la democracia municipal y para la participación ciudadana.

¿Es beneficioso poner servicios públicos esenciales en manos de particulares que funcionan con la lógica del beneficio privado?

Rotundamente no. No existe progresismo alguno en que cada vez que abramos el grifo, de ello se beneficie una multinacional francesa. Salvo que por progresismo entendamos quitar de en medio los obstáculos que frenan el desarrollo de la riqueza. De la riqueza de los ricos, por supuesto...

Aquagest no es una «oenegé», hizo su oferta sólo en función de criterios de rentabilidad: 37 millones de canon, más 17 millones de inversión. Unas cantidades tan abultadas que desmienten claramente las patrañas sobre el estado deficitario y ruinoso de nuestro servicio de aguas o sobre que los recibos no van a subir.

En última instancia, que un ayuntamiento privatice el agua para hacer caja es algo parecido a si una familia vendiese los muebles de su casa para poder llegar a fin de mes. Echando mano del refranero: ¡Pan para hoy y hambre para mañana!

El PSOE y el PP, dos partidos que en Avilés no se juntan ni «pa pañar billetes», han consumado contra viento y marea su alianza privatizadora, relegando a los avilesinos al papel de meros comparsas. Un comportamiento inadmisible en democracia, en un tema que no incluían en su programa electoral y que como todos los que tienen que ver con la economía, no es desinteresado: se toma en beneficio de alguien y a expensas de alguien.

La democracia en Avilés está enferma, más bien existe una suerte de Despotismo Ilustrado: «Todo para el pueblo pero sin el pueblo». En democracia, la soberanía reside en el pueblo y, por tanto, cuando la ciudadanía clara y rotundamente reclama participar, dar su opinión, decidir sobre un asunto que le afecta directamente, es inmoral que sus representantes ignoren su voluntad. Más de 21.000 avilesinos y avilesinas, con todas las de la ley, exigimos una Consulta Popular sobre el agua; pero lamentablemente tendrán que ser los tribunales quienes determinen si, de acuerdo con la legalidad vigente, el Ayuntamiento debe convocar el referéndum masivamente solicitado.

Nuestros concejales privatizadores están nerviosos porque, pese a intentarlo por todos los medios, no han sabido explicar bien las bondades de las privatizaciones al populacho; según ellos, la ORA y la venta del agua son muy beneficiosas, pero el personal -inculto, de suyo- no se cree nada, salvo que, como siempre, ellos van a tener que pagar el pato.

Resulta esperpéntico, pero muy revelador, que finalmente se vaya a entregar el agua de Avilés a la misma multinacional francesa, Suez Environnement, que el acalde socialista de París acaba de expulsar tras 25 años gestionando su agua. Dan mucho que pensar las razones que se dan para remunicipalizar la empresa de aguas en la Ciudad de la Luz: «Implicar a la sociedad civil en la gestión del agua, mejorar la calidad del servicio, ahorrar 30 millones de euros al año, evitar los precios abusivos en los recibos y los casos de corrupción». Son casi los mismos argumentos que se dan aquí para hacer justo lo contrario.

En París, la supuesta panacea privatizadora ha resultado un fiasco que, como ahora reconocen, ha terminado por pagar la ciudadanía de su bolsillo. Igual va a ocurrir en Avilés.

Tal y como están las cosas, salvo que los tribunales nos amparen, sólo nos queda esperar, como en París, 25 años para rescatar nuestra agua y rezar para que mientras, al menos, no nos privaticen el aire que respiramos.