La detención del ex concejal de la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA), Miguel Ángel Villalba, es la punta del iceberg de una presunta trama de blanqueo de dinero, financiación ilegal de cargos públicos y de partidos políticos. Según pudo saber este periódico, la noche que Villalba y su hermana Elena -también ex concejala en el Ayuntamiento de Avilés- pasaron en los calabozos de la Comisaría de Avilés ha servido para hilvanar una investigación abierta por la Agencia Tributaria hace más de un año. Esta investigación relaciona a la compañía Aquagest -del grupo Aguas de Barcelona (Agbar)- con un presunto blanqueo de dinero a costa de inflar facturas por obras relacionadas con el suministro de agua realizadas en varios municipios de la provincia. Hacienda tiene en el punto de mira, de hecho, a los 22 concejos asturianos que mantienen negocios con la sociedad comercial.

Miguel Ángel Villalba fue detenido el pasado martes 19 de marzo. También su hermana Elena Villalba, el ex compañero de esta, A.V. A. -vinculado en su momento a ASIA- y, asimismo, un responsable financiero de la empresa Aquagest. Estas detenciones, según fuentes consultadas, se relacionan, a su vez, con el arresto de Joaquín Fernández a mediados del pasado mes de febrero y con los registros efectuados por el Servicio de Aduanas en los ayuntamientos de Avilés y Cangas del Narcea y con la visita a las instalaciones deportivas de Corvera. Fernández fue presidente del Partido Popular (PP) de San Martín del Rey Aurelio y perteneció a la anterior dirección regional del PP de Asturias. Actualmente, es asesor de empresas y fue directivo de Aquagest en Asturias. El «Caso Pokémon» -una investigación sobre la concesión ilegal de contratos municipales en Galicia- llegó al Principado de la mano de Fernández y como consecuencia del proceso abierto en la provincia de Lugo a instancias de José Luis Álvarez, empresario ovetense.

La Agencia Tributaria investiga un presunto fraude fiscal que, según fuentes consultadas, se habría desarrollado de la siguiente manera: un ayuntamiento determinado privatiza un servicio público (Aquagest se dedica, principalmente, a la explotación del suministro de agua, aunque, en el caso de Pravia y Corvera, se encarga de las piscinas). En el pliego de condiciones de esta concesión se reflejan una serie de obras que la empresa concesionaria tiene que realizar. Para ello, se presenta un presupuesto. La compañía concesionaria subcontrata los trabajos y lo hace con un precio inferior al estipulado con el ayuntamiento. Pese a ello, la concesionaria justifica el gasto al 100 por ciento. El Ayuntamiento que ha privatizado el servicio público, entonces, se da por satisfecho con esta justificación. Y así se genera el dinero negro: el sobrante entre lo que cobra la subcontrata y lo que debería haber cobrado la concesionaria. ¿A dónde va ese dinero? Según fuentes consultadas, a pagar comisiones ilegales a personas influyentes en la concesión de los contratos o a financiar organizaciones políticas afines. Los tiros de la Agencia Tributaria van por este lado.

Miguel Ángel Villalba fue el primer concejal de ASIA en Avilés, en el mandato que comenzó en 2003. En 2007, el partido cuadruplicó su representación. El candidato a alcalde, entonces, fue el empresario Antonio Sabino, que abandonó el partido en 2009 por discrepancias con Villalba. ASIA dejó de tener representación en el Ayuntamiento en 2011. Villalba impulsó dos años antes la fundación de la coalición Independientes de Asturias (Ideas) de la que formaron parte: ASIA, Unión Social Progresista de Corvera (USPC), Agrupación Independiente de Gozón (AIGO), Partido Independiente de Siero (PINSI), Agrupación Independiente de Grado-Asturias (AIGRAS), los independientes de Teverga y las coordinadoras de ASIA en Castrillón, Oviedo, Gijón y Noreña. Ideas se presentó a las elecciones regionales de 2011, con el ex diputado del PP Juan Morales como candidato.

Esta investigación está en manos del Juzgado Número 3 de Avilés, que decretó el secreto sobre el sumario. Villalba aseguró a este periódico que atendió a la llamada de la jueza sólo en calidad de «testigo», sin embargo, se dictaron contra él otras «medidas cautelares». La investigación a Villalba se inició al detectarse una serie de facturaciones falsas.

La empresa Aquagest, al principio, se llamó Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, S.A. Desde su fundación ha estado vinculada al grupo Aguas de Barcelona (Agbar). Según se puede leer en su página web el objeto social de la compañía es «el estudio, promoción y desempeño de la gerencia, administración y organización de servicios de abastecimiento de agua con fines domésticos, agrícolas o industriales, llegando para ello al establecimiento de los oportunos contratos, tanto con consorcios y mancomunidades, como con otras empresas o particulares, con sindicatos de riego y municipios, mediante concesión, gerencia, prestación de servicios o empresas mixtas».

Hasta 22 concejos asturianos cuentan con los servicios privados de la compañía catalana, bien de forma directa, bien a través de una sociedad instrumental creada ex profeso para ello, como es el caso de Aguas de Avilés, una empresa que funciona desde el año 2009. Aquagest es propietaria del 74 por ciento de la compañía mientras que el Ayuntamiento de Avilés controla el otro 26 por ciento.

La lista de municipios con relaciones comerciales con la empresa son Avilés, Cabrales, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Castropol, Coaña, Colunga, Cudillero, El Franco, Grado, Llanes, Gozón, Muros de Nalón, Navia, Ribadedeva, Ribadesella, Salas,Tapia de Casariego,Tineo,Vegadeo. A estos concejos se suman la gestión de las piscinas de Corvera y de Pravia.

La compañía se estableció en el Principado a comienzos de la pasada década de los noventa, de hecho, el contrato de Aquagest con el municipio de Salas se formalizó en 1992; en Cangas del Narcea, en 1995; en Vegadeo, en 1997; en Tapia de Casariego, en 2006, al igual que en El Franco; en Grado, en 2009; en Tineo, en 2010 y en Navia, en 2011.