La Fundación San Martín destinará el próximo año 1.327.000 euros a atender las necesidades de las personas que peor lo están pasando con la crisis. El patronato de la entidad aprobó ayer las cuentas con las que mantendrán las actuaciones llevadas a cabo durante los últimos años para ayudar en asuntos relacionados con la vivienda al mayor número de familias posible. Con ese montante, además de apoyo directo a los vecinos, la Fundación sufraga el mantenimiento de los pisos de su propiedad, entre otros fines.
Los patronos de la Fundación, además conocieron el balance de 2015. Así, se cerrará el año destinando 1.412 euros al día a ayudas directas a la vivienda (alquiler, hipoteca, recibo de la contribución, luz y gas y recibos de la comunidad de vecinos): 510.000 euros en total, un 19 por ciento menos que el año pasado, según el balance hecho público a finales de 2014. En total, la entidad benefició a 1.067 familias. Además, en la Oficina municipal de Vivienda realizaron 25.679 atenciones: 17.379 presenciales y 8.300 telefónicas.
Yolanda Alonso, concejala de Bienestar Social destacó que el Ayuntamiento de Avilés "esta demostrando cuáles son sus prioridades, que pasan por ayudar directamente a las personas y familias que más sufren las consecuencias económicas actuales". La edil también quiso recalcar que "la Fundación, en cuyo órgano de gobierno hay representantes de todos los grupos políticos municipales y del Principado, actúa de forma eficaz y coordinada con una buena gestión de forma cercana a la ciudadanía en las actuaciones y necesidades que tienen que ver con vivienda y la convivencia".
Somos, por otra pare, presentó ayer un escrito de nulidad sobre el nombramiento de la nueva directora de la Fundación San Martín porque no se siguieron los principios de igualdad y publicidad para cubrir esa plaza. La formación considera que la entidad, pese a ser privada, está afectada por el estatuto básico del empleado público ya que depende del Ayuntamiento de Avilés.
Según David Salcines, portavoz de Somos, no hubo convocatoria pública y el patronato se "limitó" a pedir la oficina de empleo municipal que preseleccionó a cuatro personas, de las que se seleccionó a Carmen Mosegui, de la que no dudan de su valía. Si no se atiende el escrito de nulidad, Somos anuncia que acudirá al contencioso administrativo. "Consideramos que esta forma de obrar vulnera absolutamente la legalidad vigente y asienta sus bases en una concepción caciquil de la gestión pública", afirmó Salcines.
