La venta de las tres plantas que conserva Alcoa en España (Avilés, La Coruña y San Ciprián) no sólo mantiene en el aire el futuro de más de 2.000 familias, sino el del propio sector aluminero del país. El 90 por ciento del aluminio que se transforma en España procede de estas fábricas de producto primario (el metal en forma de lingotes, tochos y placas que luego transforman los clientes de la compañía). El futuro del sector, que genera en España entre 50.000 y 60.000 puestos directos, está en juego. Forman parte de esta partida por hacerse con las factorías un grupo industrial nacional (del que forma parte Aludium, de Atlas Holding) y tres fondos de inversión extranjeros.
"Las tres fábricas de Alcoa (Avilés, La Coruña y San Ciprián) son de importancia estratégica en España para la industria nacional, en general, y para la del aluminio, en particular, puesto que surten la práctica totalidad de la materia prima. Entre el 80 y el 90 por ciento del aluminio primario que utilizan las empresas del sector proviene de Avilés y de Galicia. Y, para ellas, es clave mantener esos suministros", explicaron a este periódico fuentes del sector.
Las factorías avilesina y gallegas están dedicadas a la producción de aluminio primario. En la lucence de San Ciprián, además, existe una planta de producción de alúmina (Alúmina España, 60% de Alcoa y 40% de un grupo australiano), que es la materia prima utilizada para la producción del aluminio y que, a su vez, tiene como materia prima la bauxita. Desde San Ciprián, Alcoa provee de alúmina a las tres factorías españolas para su actividad.
La de alúmina es la única planta que no está en venta. Es decir, Alcoa se quiere deshacer de la producción de aluminio primario (que quería quitarse de encima las plantas de Avilés y La Coruña desde hace tiempo nadie lo dudaba, incluso sus propios trabajadores), pero conservará en el país la fabricación de la materia prima (alúmina).
La operación cuenta con tres puntos débiles: el precio de venta del metal (en mínimos y ligado al LME, la bolsa de metales de Londres), el coste energético y el estado de las plantas. "Alcoa no se ha gastado un euro al menos en la última década, no ha montado máquinas nuevas ni líneas de producción en Avilés y La Coruña, que están obsoletas, e incluso tiene parte de las instalaciones paradas" (la producción en Avilés está en torno al 60 por ciento desde hace años), explicaron fuentes del sector; una situación que vienen denunciando los propios trabajadores de la multinacional estadounidense.
En cuanto al coste energético para el próximo año, será una incógnita hasta que se celebre la próxima subasta de interrumpibilidad, que se espera para el mes de septiembre. Es decir, la industria electrointensiva desconoce qué incentivos recibirá para abaratar su factura de la luz, y en el caso del aluminio constituye una luz roja permanente. Y no es para menos. Producir una tonelada de aluminio requiere tres veces más electricidad que la producción de una tonelada de zinc o ferroaleaciones, y hasta 30 veces más que producir una tonelada de acero, como las que salen de Arcelor-Mittal.
Ambos sectores, el del aluminio y el acero, vienen presionando al Gobierno central para adecuar el sistema de subasta ideado por el PP a sus intereses. Los alumineros vienen demandando una subasta a tres o cinco años vista, mientras que los del acero piden que se mantenga a un año. "Con la interrumpibilidad, las empresas reciben subvenciones a cambio de tener sus fábricas continuamente activas. Las acerías pueden parar la producción y retomarla, pero una aluminera si para, cierra. Así, a un año vista, no hay compromiso de actividad más allá de doce meses. La industria del acero ha ganado hasta ahora con sus presiones para que la subasta sea a un año", explicaron fuentes del sector aluminero.
Alcoa se viene deshaciendo de los últimos años de sus fábricas de aluminio primario con cierres (principalmente) y ventas (como las de Mont Holly, São Luis, Warrick y Wenatchee), en aquellos países donde no logra llegar a acuerdos con sus gobiernos en el precio de la luz. Ahora les toca a las tres plantas españolas (las que conserva de las nueve que compró al Estado en 1989) y ha empezado la partida en la que se juega el futuro de todo un sector.
