La creación de una comisión de investigación sobre la privatización del servicio del agua en Avilés está más cerca que nunca. Según ha podido saber este periódico, la dirección regional del Partido Popular (PP) es proclive a que su grupo municipal vote a favor de este mecanismo durante el pleno extraordinario que decidirá al respecto este mes por mandato judicial. Esta postura es contraria a la manifestada hace dos días por la presidenta local, Carmen Rodríguez Maniega, y coincide con la que deslizó el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre. La comisión saldrá adelante si tres de los seis concejales populares la respaldan, ya que Somos, Izquierda Unida, Ciudadanos y Ganemos son partidarios de ella y suman diez de los trece votos necesarios.
La decisión sobre la comisión de investigación puede ahondar más aún en la brecha abierta hace tiempo en el grupo municipal del PP, en el caso de que los tres concejales distanciados de la dirección local (Carlos Rodríguez de la Torre, Ana Bretón y Reyes Fernández Hurlé) sigan las directrices de la regional y los otros tres (Faustino Álvarez, Francisco Zarracina y Alfonso Araujo), no. De todas formas, fuentes del partido en Avilés señalan que se hará todo lo posible para evitar esa división del voto, conscientes de que todos los focos estarán sobre ellos durante el pleno extraordinario.
La puesta en marcha de una comisión de investigación permitiría que los diferentes grupos municipales llamaran a declarar a personas relacionadas con el proceso de adjudicación del servicio del agua a la empresa Aquagest, envuelta en un presunto caso de corrupción con afectados en varios puntos de España. Esta concesión tuvo lugar en 2009 y se ejecutó con el visto bueno del PSOE, el PP y ASIA. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han puesto reparos a este tipo de comisiones, al entender que las administraciones locales carecen de competencias para crearlas. No obstante, otros municipios sí las han constituido.
El Pleno extraordinario que tendrá que decidir sobre la comisión de investigación se celebrará por orden de un juez, tal y como adelantó hace dos días este periódico. El fallo da la razón a un recurso de Somos, IU y Ganemos contra el gobierno local por impedir que se votara este mecanismo en una sesión del pasado noviembre a cambio de constituir una comisión meramente informativa (sus trabajos tuvieron lugar durante los primeros meses de este año). Esta decisión, que contó con el apoyo del PSOE y del PP, conculcó el derecho a la participación política, según reza la sentencia.
La situación podría ser diferente en el próximo pleno, ya que la dirección autonómica de los populares se inclina por la comisión de investigación, al igual que por cualquier otro mecanismo en favor de la transparencia sobre actuaciones que ofrecen dudas legales. Así se ha comunicado a cargos locales del partido.
