El Gobierno regional rechaza asumir la última pieza del plan de saneamiento integral de la ría de Avilés, el colector industrial de la margen derecha, y exige al Estado su puesta en marcha al considerar que el proyecto presenta deficiencias. La consejera de Infraestucturas, Belén Fernández, ha remitido un escrito al presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Ramón Álvarez Maqueda, en el que le comunica "la imposibilidad del Principado de Asturias de recepcionar el colector industrial para proceder a su explotación, mantenimiento y conservación" en los términos que se establecieron en el acuerdo suscrito el 15 de noviembre de 2013. En Confederación están "indignados" por la respuesta de la administración regional, sostienen que la obra (terminada hace más de cinco años) se ejecutó según un proyecto fechado en 2007 (entonces tanto la administración estatal como la regional y la local estaban en manos del PSOE) y subrayan que, según establece un convenio de 2008 (firmado por la exministra Cristina Narbona, el expresidente autonómico Vicente Álvarez Areces y el expresidente de la Confederación Jorge Marquínez), una vez ejecutada la obra "la obligación de su mantenimiento, explotación, reposición o ampliación es del Principado".
Uno de los motivos por los que el Gobierno regional rechaza asumir el colector según lo acordado en 2013 está relacionado con un informe de Confederación de julio de este año sobre la modificación de la autorización ambiental integrada de Arcelor-Mittal para autorizar su conexión a la gran tubería. En ese trámite se proponía que, en caso de que el colector no pudiese recibir las aguas residuales de la siderúrgica por alguna incidencia, la multinacional pudiese realizar el vertido al dominio público (en la actualidad lo tiene autorizado). Confederación respondió que "los vertidos no son autorizables".
Belén Fernández sostiene que el Consorcio de Aguas para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Asturias (Cadasa), a quien le corresponde la explotación del colector, le ha informado de que "en las labores de explotación de la infraestructura, y como consecuencia de su diseño, se producirán necesariamente alivios al dominio público hidráulico (la ría de Avilés), tanto por necesidades de mantenimiento rutinario de las instalaciones, como por el mantenimiento correctivo y otras situaciones sobrevenidas". El Principado ya advertía el pasado junio que, a su juicio, el conducto que recogerá las aguas residuales de las industrias del entorno está diseñado y construido de tal manera que en caso de avería o de cualquier incidencia (simplemente unos simples trabajos de mantenimiento), las aguas contaminantes volverían al estuario avilesino.
Argumentan que esto es así porque el diseño del colector se realizó sin incluir duplicidad en las líneas de bombeo. Y así, según esta versión, si se estropea una de las bombas hay que pararlas todas y volver a verter a la ría. En Confederación, en cambio, niegan tal extremo. Como publicó este periódico, el organismo estatal sostiene que el conducto de 16 kilómetros "cuenta con tres o cuatro bombas por cada bombeo, que funcionan de forma independiente unas de otras (incluida una de reserva) y dependiendo de la cantidad de agua a bombear". "Este número de bombas (veinticuatro, siete de ellas auxiliares) garantiza que los vertidos industriales no lleguen a la ría", añaden la mismas fuentes.
El Principado entiende, en todo caso, que las mejoras que acarreará la puesta en marcha del colector "sería mucho mayor que los problemas ambientales de los alivios que de forma extraordinaria pudieran producirse ya que estos no serían en ningún caso de peores características que los vertidos actualmente autorizados por la Confederación". Belén Fernández explica que, con el fin de buscar una salida administrativa a esta situación, las direcciones generales de Calidad Ambiental y Prevención y Control Ambiental mantuvieron reuniones representantes de Confederación Hidrográfica los días 23 de septiembre, 26 de octubre y 8 de noviembre. "En estas reuniones, los representantes de Confederación se reiteraron en el informe del pasado 14 de julio, manifestando la improcedencia de considerar tolerable cualquier vertido excepcional y justificado al dominio público hidráulico por incidencias ocurridas en el colector industrial", apunta Fernández en la misiva que ha enviado a Maqueda. En el organismo estatal sostienen que ese extremo es falso, y vienen a decir que no pueden dar un cheque en blanco.
Con todo esto, el Principado concluye que "a la vista de que las características técnicas del colector y las instalaciones construidas por Confederación no permiten garantizar el cumplimiento de las condiciones de protección del dominio público hidráulico, la Consejería no puede hacerse cargo de su explotación y su puesta en funcionamiento". No solo eso, estima necesaria "la realización de las obras y la instalación de los equipos precisos que puedan garantizar la ausencia de vertidos". Belén Fernández urgió ayer mismo al presidente de la Confederación una reunión "para buscar las soluciones adecuadas para que esta importante infraestructura", que ha costado más de 16 millones de euros, "entre en funcionamiento". Mientras se busca esa solución, planteó al Estado que asuma su puesta en marcha y que los costes que se originen recaigan en la Junta de Saneamiento. "Esta solución permitiría la rápida puesta en servicio del colector y tiene la ventaja del conocimiento que ese organismo tiene de las instalaciones proyectadas y construidas por él, de las que el Ministerio de Medio Ambiente es titular, y que según lo previsto en el convenio no serán transferidas al Principado de Asturias", apuntó la Consejera.
Esa misma fórmula ya se aplicó en el sistema de colectores del Bajo Nalón y en la depuradora de Las Caldas, que la Confederación Hidrográfica puso en funcionamiento y explotó durante más de un año, con financiación de la Junta de Saneamiento, hasta que Cadasa se hizo cargo de su gestión el pasado 5 de octubre.
Pero en el organismo estatal insisten en que ya han asumido el sobrecoste por la reparación del colector tras cinco años sin uso, y que ahora le toca al Principado afrontar su gestión según lo establecido por convenio. Es más, se muestran sorprendidos de que el Gobierno regional ponga ahora en duda el proyecto del colector, cuando "el actual director de Calidad Ambiental del Principado era comisario de Aguas cuando se firmó el convenio".
