Los gobiernos socialistas de Luis María García tardaron más de un lustro en desarrollar el nuevo plan urbano de Mieres y el actual equipo de Aníbal Vázquez (IU) ha necesitado casi otros cinco años para revisarlo. Tras más de una década de tramitación, el documento que establece los criterios de uso del suelo del concejo ya está listo para su aprobación. Los gestores municipales aún no han comunicado una fecha oficial para su aprobación inicial en el Pleno, pero a nivel interno se ultiman los detalles para que el debate político se abra antes de finales de año.
El gobierno local quiere llevar a Pleno en diciembre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Aparentemente, ya están superados todos los escollos. El documento tiene el visto bueno de los técnicos municipales y del facultativo asignado al proyecto por parte del Gobierno del Principado. Del farragoso documento, se conocen pinceladas. Durante las últimas semanas este diario ha podido constatar cierta inquietud entre el movimiento vecinal relacionado con el cambio de catalogación de fincas rurales. El plan urbano, según lo comunicado por responsables del área de Urbanismo, trasformará en terreno urbano una parte significativa de suelo clasificado hasta ahora como rústico. La zona de Turón es la más afectada por estos cambios. Así, el movimiento asociativo del valle ya ha solicitado información al gobierno local sobre este extremo: "Es algo que nos preocupa, ya que no sabemos el alcance de los cambios, que tendrían una importante repercusión en el pago de impuestos como el IBI".
El plan urbano de Mieres comenzó a tramitarse en 2004. Siete años después, en 2011, y con la llegada de IU al gobierno local el documento, cuya tramitación se había dilatado enormemente pero aparentemente estaba cerrado, sufrió un nuevo parón. Los actuales gestores del Ayuntamiento entendieron que la crisis había invalidado buena parte de los contenidos en lo referente a la expansión urbanística del municipio, y encargaron a una empresa una revisión del documento para introducir una serie de modificaciones. La empresa culminó a finales de diciembre de 2004 estos cambios, y desde entonces, el plan urbano obra en manos del Ayuntamiento, que lo remitió primero a los técnicos municipales para una revisión interna final. El plan fue de nuevo enviado a la empresa para introducir "pequeños detalles". Finalmente, salvo imprevistos, llegará al Pleno en breve.
Uno de los problemas que presenta el nuevo PGOU radica en que más de un millar de viviendas aparecen catalogadas y, por lo tanto, pesa sobre ellas algún tipo de protección que limitaría, llegado el caso, cualquier tipo de actuación de reforma o, si fuera necesario, de derribo. Este obstáculo ha sido el causante del último retraso, ya que el gobierno local pretendía reducir el número de catalogaciones, algo a lo que finalmente ha renunciado para no volver a bloquear el proceso de tramitación.
El nuevo plan urbano descarta, entre otras cosas, la expansión de la ciudad hacia el Norte, puesto que los terrenos que actualmente ocupa el lavadero de El Batán seguirán destinados a uso industrial. La tardanza en aprobar la nueva hoja de ruta urbanística del concejo ha permitido, al menos, corregir actuaciones que con el paso del tiempo han perdido su sentido. Los responsables municipales reconocen que actualmente "no hay demanda" para construir promociones inmobiliarias en las laderas del valle del Caudal. Por tanto, se ha modificado ese punto el plan, ya que inicialmente había intención de facilitar la construcción de bloques residenciales. Finalmente se apostará por el desarrollo de viviendas unifamiliares.
