El Ayuntamiento de Mieres, tras casi seis años de espera, está gestando un nuevo presupuesto. Ahora bien, el embrionario proyecto tardará aún en ver la luz. El embarazo será largo. Hay un doble motivo para ello. Por un lado, el gobierno local quiere unos presupuestos abiertos a la participación de la sociedad civil. Por otra lado, el equipo de Aníbal Vázquez trabaja dubitativo debido a que el Ayuntamiento se enfrenta de nuevo a un probable descalabro económico debido a las casi doscientas denuncias laborales a las que tiene que hacer frente en los juzgados.

Entre dos y tres meses aún podría tardar el Ayuntamiento en disponer de un nuevo presupuesto. El gobierno anunció en su momento que tras el verano se podría a trabajar en el documento. Ya en pleno invierno, la planificación económica sigue estancada. Ahora bien, es cierto que los gestores de IU están trabajando en ello, pero los ritmos son lentos por varios motivos, sobre todos por dos. El gobierno local ha pedido a las asociaciones su colaboración. Recientemente se convocaron dos asambleas con el movimiento juvenil para recabar iniciativas. Paralelamente, se ha solicitado a la Coordinadora Vecinal de Mieres un informe sobre las necesidades de los barrios. Esta gran plataforma, que engloba a más de setenta colectivos, está recopilando información. Presentarán en el consistorio una lista de actuaciones pendientes, con la división del concejo en cuatro sectores: Norte, Sur, Turón y valle de San Juan.

El Alcalde ha trasladado a las asociaciones que este año el Ayuntamiento podría tener entre un millón y millón y medio de euros para inversión. En este caso hay que aceptar la forma verbal "podría", ya que si bien esas son las cifras que manejan los gestores de IU, los juzgados "podrían" rebajarlas sensiblemente. Y es que el consistorio tiene que hacer frente a casi 200 denuncias laborales. El gobierno local no quiere poner de momento cifras al terremoto económico que supondría tener que hacer frente a las obligaciones que reclaman los trabajadores. Ahora bien, a nivel interno se asume que el coste de los pagos que se avecinan puede superar, "ampliamente", el millón de euros. Los gestores municipales reconoce que la situación que se generaría sería de grave crisis.

Las denuncias se pueden dividir en tres grandes bloques. Por un lado están los 31 trabajadores del último plan de empleo que han reclamado por vía judicial su reincorporación al Ayuntamiento. Todo indica, según sentencias precedentes, que ganarán, por lo que tendrán que ser indemnizados. Luego están los 125 trabajadores laborales que exigen la devolución de conceptos salariales suspendidos hace tres años. Un total de 81 de estas reclamaciones han sido atendidas por los Juzgados y están recurridas. Donde el Ayuntamiento tiene más posibilidades de salir indemne es con los 34 funcionarios que han seguido el camino de sus compañeros laborales.

Así, el presupuesto no acaba de tomar cuerpo. El Ayuntamiento lleva con las cuentas prorrogadas desde 2009. Curiosamente, IU no apoyó el documento, que ha mantenido con vida, artificialmente, durante todo el pasado mandato.