El Ayuntamiento de Noreña recibió recientemente una carta de la Consejería de Educación y Cultura en la que ésta descarta que el escudo preconstitucional del cuartel de la Guardia Civil de la Villa Condal (colocado durante la dictadura franquista, hacia los años 40) esté afectado por la Ley de Patrimonio. Esto deja al Ministerio del Interior como el único departamento con capacidad para retirarlo, al ser el propietario del edificio, en atención a la Ley de Memoria Histórica.
Los trámites para la retirada de este elemento considerado de simbología franquista se remontan al año 2009 cuando la edil socialista Verónica Noval impulsó la elaboración de un informe para dar cumplimiento a la ley aprobada dos años antes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho informe instaba a cambiar el nombre de varios calles como los jardines del Ayuntamiento, entonces llamados de José Antonio, o las calles en honor a Camilo Alonso Vega o el militar José María Fernández Ladreda. En un primer intento, el Consistorio logró cambiar el nombre de dichas calles a las que redefinió como Libertad y Concordia, si bien no consiguió con la misma agilidad otros objetivos como retirar la placa en honor a los caídos, colocada en la iglesia, ni el escudo del cuartel. No obstante, en el primero de estos casos si terminó por resolverse en 2015 tras demostrarse que la placa, a pesar de estar en un edificio privado como la iglesia, había sido costeada por el Consistorio, cumpliendo así uno de los requisitos exigidos por la ley para validar la eliminación de estos símbolos.
Desde que comenzasen los trámites, el caso del cuartel no ha podido resolverse, ya que el mismo se encuentra en un edificio que no es de ámbito municipal, sino que corresponde a la comandancia de la Guardia de Civil de Gijón y a su vez al Ministerio del Interior. Una retirada que no estarían por la labor de acometer en estos momentos, no tanto por razones ideológicas, sino por la complejidad y el coste.
Un aspecto que ya fue objeto de la polémica allá por el 2010 cuando la Guardia Civil acometió los trabajos para reparar la cubierta del cuartel, que todos los grupos municipales coincidieron en señalar como necesaria. Finalmente el Consistorio declinó aportar ayudas a los arreglos, amparándose en que la Ley de Memoria Histórica incluye que se retiren o se prive de ayudas públicas a las instituciones u organismos que la incumplen.
Una polémica que parecía aparcada hasta que el pasado mes de julio Verónica Noval tomaba posesión de su acta de concejal como sustituta del dimitido exalcalde César Movilla. La promotora del informe sobre la Memoria Histórica aprovechó su vuelta al Pleno para pedir al Consistorio que reclamase a su vez un informe sobre la posibilidad de que el escudo estuviese afectado por la ley de Patrimonio, abriendo las puertas a otras vías para retirarla,
La petición fue aceptada por el gobierno de IPÑ y Foro Asturias (éste último fuera ahora del ejecutivo) que acaba de recibir una contestación en la que Cultura descarta su responsabilidad sobre el elemento y confirma la tesis de que debe ser el Ministerio del Interior el que decida finalmente los pasos a seguir para aplicar la ley.
Situación que los socialistas consideran que abre la puerta a que el Consistorio emita una nueva carta dirigida al Ministerio del Interior para recordarle su responsabilidad aportando la prueba de que Cultura está eximida de la misma.
Un trámite que parece poco probable que pueda ser realizado por el equipo de gobierno de Amparo Antuña, que asegura que la exigencia a Interior ya se realizó en su día y no parece necesario redundar en el mismo tema a pesar de que se muestra convencida de "la necesidad de cumplir la ley a rajatabla".
