El Patronato de la Fundación para el Progreso del Soft Computing dio ayer más suspense al incierto futuro de la entidad investigadora, asentada en el campus universitario de Mieres. La cúpula de la entidad acordó "recabar más documentación y datos adicionales, con el fin de adoptar en breve plazo las decisiones pertinentes y fundamentadas para procurar la viabilidad futura del centro". La decisión final sobre la polémica aplicación del anunciado expediente de regulación de empleo se tomará, en principio, el 10 de octubre. A la espera de la nueva cita, el sentir generalizado es que será muy difícil que este proceso se salve sin despidos de investigadores.
La esperada reunión del patronato del centro europeo de Soft Computing no arrojó ayer luz sobre el futuro de la entidad. Las decisiones quedaron aplazadas y las actores optaron por mantener silencio. Al menos, oficialmente. Y es que las discrepancias son cada vez más evidentes. Por un lado están los científicos principales, cuyos puestos de trabajo están en el aire, y por otro el Principado y Cajastur (ahora Liberbank), que hasta ahora daban soporte económico al proyecto. Los primeros consideran, según la información recabada por este diario, que el ajuste que está sobre la mesa responde a un plan que busca limitar notablemente la capacidad operativa del centro. Los investigadores auguran que el objetivo es convertirlo en un simple ente de servicios a las industrias o consultoría. Los trabajadores aseguran que este camino es "incompatible" con lo que se pretendió inicialmente. Siempre según el análisis de los investigadores , un centro de consultoría no requiere tener carácter internacional, ni contar con investigadores de primera fila, "con lo que suelen llenarse de mediocridad y no necesitan un comité científico internacional".
Los patrones fundadores consideran que el proyecto no ha cumplido las expectativas. Simplificando este planteamiento, señalan que los equipos de Soft Computing del campus de Barredo no han logrado alcanzar el estatus que se buscaba inicialmente. Y es que el artículo 28 de los estatutos dice textualmente que la titularidad del centro pertenece a la Fundación, "sin embargo es voluntad de la misma que el centro llegue a tener los vínculos más estrechos posibles con la Unión Europea, a través de un proceso que de forma progresiva y desde el comienzo de sus actividades le involucre en la ejecución de la política científico-tecnológica e industrial de la Unión Europea". El texto remarca igualmente que "se deberá hacer cuanto se considere conveniente para lograr la calificación de Centro Europeo de Excelencia Investigadora. Conseguido este objetivo, la Fundación intentará que la titularidad del centro bien pase a la Unión Europea bien o sea compartida con ella".
El centro fue inaugurado en el año 2005 con una inversión inicial de doce millones de euros. La mitad fueron aportados por Cajastur. Los otros seis millones de euros llegaron de los fondos mineros. El Principado aportó 1,2 millones de euros. La pregunta sin responder es ¿por qué no se ha alcanzado la calificación de Centro Europeo de Excelencia Investigadora?".
