Los cazasubvenciones, empresarios que sólo se interesan por instalarse en las Cuencas por las ayudas públicas que pueden recibir, sin importar si luego el proyecto sale adelante o no, no son patrimonio único de Asturias. La Policía Nacional ha detenido a tres empresarios aragoneses a los que acusa de fraude en el cobro de subvenciones públicas (fondos mineros), por valor de 2,6 millones de euros. Además, se ha tomado declaración en calidad de investigadas a otras cuatro personas. La investigación está llevándose a cabo desde Zaragoza y desde Alcañiz (Teruel).
Según informó la Policía Nacional, el montante total de lo defraudado ascendería a 2.676.695 euros, todo ello perteneciente a ayudas de los años 2010 y 2011. Este dinero estaba destinado a la reindustrialización de la provincia de Teruel, que, como Asturias, recibe fondos mineros gracias a su actividad carbonífera. El dinero fue "desviado para cubrir gastos improductivos o particulares".
El caso más llamativo es el de un empresario que percibió una ayuda de 1,8 millones de euros de los fondos mineros para impulsar una fábrica de coches eléctricos en Alcañiz, en el entorno de Motorland (donde hay un circuito en el que se disputan pruebas del Campeonato del Mundo de Motociclismo). La empresa recibió el dinero y llegó a construir una nave industrial, pero en ella "no se ha llegado a producir nada". Según la Policía, se aumentó el capital social de la compañía desde los 3.000 a los 500.000 euros. Para justificar que la subvención estaba siendo bien cobrada y usada para sus fines, llegó a aportar facturas justificativas de los gastos.
Según denunciaron los proveedores, el modus operandi del empresario era el siguiente: el detenido realizaba un pedido y solicitaba una factura de gran volumen, con el fin de mostrar "unas grandes expectativas de negocio". A la hora de pagar, evitaba el abono de las facturas "con diferentes excusas". A veces, pagaba una parte de los pedidos en un primer momento para dar "una falsa sensación de solvencia" a sus proveedores. Luego, se dejaba impagado el resto de la factura, pero lo esencial ya se había logrado: se tenía una factura inicial que justificaba el gasto, y era la que se presentaba ante la administración para poder cobrar la subvención. La marcha atrás en el pago definitivo a los proveedores "se ocultaba", utilizando para ello distintos movimientos bancarios y varias cuentas. En la investigación se han aportado facturas falsas de sociedades "instrumentales" creadas por el empresario por valor de 408.200 euros. La subvención la utilizó el empresario para viajes particulares, el pago de la hipoteca familiar, sufragar nóminas, cursos de formación y reintegros en efectivo.
El segundo empresario detenido también planteaba montar otra fábrica de coches eléctricos, en su caso en Ejea de los Caballeros. Tuvo subvenciones por valor de 311.500 euros. La fábrica no llegó a instalarse nunca y los fondos se transfirieron a cuentas personales del empresario, un dinero que usó para saldar deudas de otras compañías en las que participaba.
El tercer arrestado presentó un proyecto para constituir en Andorra (Teruel) una fábrica de sistemas cibernéticos polivalentes, un sector en el que no tenía ningún tipo de experiencia. La empresa logró ayudas por valor de 600.000 euros. El detenido formó diversas compañías instrumentales, que iban moviendo el dinero y generando facturas falsas que se aportaban a la administración para justificar las subvenciones recibidas. De esta forma obtuvo reintegros en efectivo de 147.320 euros, y realizó gastos particulares por casi 100.000 euros. Además, pasó 250.000 euros a otras empresas de su propiedad afincadas en Madrid y Guadalajara.
