Avilés, Juan C. GALÁN

El primer «cara a cara» entre la alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina, y el presidente del Hispano, Elpidio Otero, desde que se desatara la crisis económica en el club verdiblanco finalizó sin que el embrollo se desenmarañase. Las peticiones del máximo mandatario de los de Ferrota no encontraron eco ni en la primera edil ni en el concejal de Deportes, Bernabé Peña, también presente en el encuentro. Ambos supeditaron la normalización de las relaciones a que el Hispano solucione cuanto antes la deuda que arrastra con la empresa de transportes Autos Villa.

Las subvenciones municipales del club están congeladas desde que el juez dictaminara que las facturas aportadas por el Hispano para justificar sus pagos a Autos Villa están emitidas, pero no pagadas. Para encontrar una salida a esta situación, Elpidio Otero solicitó ayer a Ángela Vallina un aval que le permita solventar a plazos los 18.000 euros de deuda con la empresa de transportes. Una petición que fue rechazada de plano tanto por la Alcaldesa como por el concejal de Deportes, al entender que en las subvenciones correspondientes a 2005 el Ayuntamiento ya había incluido una partida para abonar los desplazamientos de los equipos de cantera, por lo que a instancias oficiales constan como pagados. Una estratagema que deja la situación en un callejón sin salida, a no ser que el propio club encuentre una solución, «siempre y cuando sea fuera del Ayuntamiento», según indicaron ayer fuentes del Consistorio castrillonense.

Ahí es donde radicó el segundo punto caliente de la reunión de ayer. La falta de implicación en la que, según Elpidio Otero, incurre el Ayuntamiento a la hora de encontrar patrocinadores privados para el Hispano. Ángela Vallina le dejó claro al presidente que el Ayuntamiento no está para favorecer a un club determinado, sino a todos por igual a través de las subvenciones, y que es labor del Hispano encontrar ingresos privados. Un comentario que se remonta nuevamente a la deuda con Autos Villa, cuya eliminación desbloquearía la congelación de ayudas municipales y, según entienden desde el Consistorio, la normalización de las relaciones entre ambas partes.