"Control más F9". Esa combinación de teclas del ordenador es desde hace un par de semanas la llamada de alerta que pueden hacer los empleados del Servicio Público de Empleo para advertir al resto de los compañeros de su oficina de que están teniendo problemas con algún usuario. Es una iniciativa de la Administración central que tiene su origen en las denuncias sindicales por los casos de amenazas o agresiones que en ocasiones se producen en las citadas oficinas de atención a los desempleados. Ese "botón del pánico", como ha sido calificado, ya funciona también en las agencias asturianas, si bien aún no ha tenido que ser utilizado. El gigantesco aumento del número de desocupados y el malestar de muchos de ellos por la escasez de ofertas laborales o por el agotamiento de las prestaciones y subsidios han provocado que la conflictividad puertas adentro del antiguo Inem haya crecido en estos últimos años, según las referidas denuncias sindicales.
"La gente nos toma como si fuéramos la cara del Gobierno y eso da lugar a problemas", afirma Sergio Peña, secretario general de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Asturias. Y añade: "A veces pueden darse situaciones comprometidas, como encerrarte en un despacho con alguien a quien le tienes que decir que le han denegado la ayuda por el desempleo". A medida que la crisis aprieta, coinciden los representantes de los empleados públicos, la conflictividad en algunas áreas de la Administración también ha ido en aumento. Ha habido incidentes "puntuales" en algunas oficinas de Empleo de Mieres, Oviedo y Lugones, o en algunos centros sanitarios por el tratamiento de las bajas laborales.
Con este escenario, el Gobierno ha decidido probar con el "botón del pánico" en los Servicios Públicos de Empleo para evaluar qué efecto puede tener una medida así. De momento, sólo podrán utilizarlo los funcionarios de estas oficinas ligados a la Administración estatal, aquéllos que se encargan de tramitar las prestaciones y subsidios, uno de los asuntos más delicados. Sus compañeros de oficina que pertenecen a la Administración del Principado y que son los encargados de gestionar las ofertas de empleo o los cursos de formación no dispondrán por el momento de esa llamada de emergencia.
"Aún no lo ha usado nadie, pero, bueno, si hay follón o pasa algo se ve, y si hay que actuar, ya se está haciendo". La frase es de Fernando Sánchez, coordinador del sector de Administración del Estado de CC OO y empleado de una oficina del Servicio Público de Empleo en el centro de Oviedo. "Esto no quiere decir que las agresiones o las amenazas se hayan incrementado últimamente, sino que ahora se lleva un registro y control sobre este tipo de situaciones que antes no se tenía", aclara. Al comprobar la magnitud del problema, el Estado ha decidido actuar, apunta.
Isabel Díaz, de CSIF y también trabajadora en una oficina de Empleo de la capital asturiana, resalta que "el sistema se ha instalado, pero el problema es que no nos han dado ningún protocolo ni instrucción sobre lo que hay que hacer en caso de que alguien lo active". Y duda, a priori, de su utilidad. "No sé lo que se va a usar, porque uno tiene que verse en una situación muy grave para pulsarlo", señala.
Uno de los casos más llamativos tuvo lugar en la oficina de Empleo de Mieres en octubre de 2008. Por aquel entonces la Policía detuvo a un vecino del concejo que se dirigía a estas dependencias con un hacha con la intención, según confesó, de "matar a tres o cuatro funcionarios". El suceso obligó a contratar a un vigilante de seguridad privada.
