Pocos documentos existen en la historia financiera tan tremendo como los ocho folios firmados por el secretario general del Partido Popular de Madrid, Ricardo Romero de Tejada (que luego, como no debería sorprendernos, terminó de consejero de Caja Madrid y con una sentencia de la Audiencia Nacional de 1 año de cárcel y 3.600 euros de multa por el uso de las tarjetas "black"), con el secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras-Madrid, Javier López.
Sin recato alguno, los firmantes del pacto acordaban tomar el control de la institución, se repartían las rentas derivadas de tal conquista, concedían privilegios a Comisiones Obreras, fijaban prioridades políticas en el negocio (eufemísticamente llamados "una política de inversión en sectores estratégicos"), con un énfasis en el sector inmobiliario ("Préstamos hipotecarios. En este segmento tradicional de Caja Madrid hay que mantener el liderazgo adquirido apoyando las medidas recientemente adoptadas y una reactivación de las operaciones con promotores") e impedían la creación de cualquier mecanismo de recapitalización de la caja. En 100 años, cuando el viento se haya llevado la memoria viva de los aquí presentes, los historiadores futuros lucharán para conseguir entender como nadie pudo nunca firmar tal pacto. La prensa, fallando en su papel como "cuarto poder" aplaudió el cambio de mando en Caja Madrid. "El Mundo", en su edición de 20 de septiembre de 1996, afeaba la actitud "numantina" de Terceiro y resaltaba "la madurez democrática de Izquierda Unida" al apoyar a Blesa.
El Partido Socialista, aunque perdedor en 1996 de la lucha por el poder en Caja Madrid, aceptó plenamente la idea de que Caja Madrid era un instrumento político: como Rafael Simancas, vocal de esta comisión, manifestó a la Cadena SER el 28 de mayo de 2003, cuando parecía destinado a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid, "y parece bastante razonable que al frente de Caja Madrid se sitúe una persona de talante también progresista. Es bastante razonable pensar esto".
No puede haber admisión pública más clara de la politización de una caja para satisfacer unos intereses partidistas. O luego, el 16 de enero de 2009, acerca de la votación en la Comisión de Control de Caja Madrid, cuando su antiguo jefe de gabinete Francisco Pérez votó en contra de las órdenes de Tomás Gómez: "Mi posición como socialista es la posición de la dirección nacional y de la dirección regional del partido. Si hubiera tenido que votar, hubiera votado en consonancia con la posición de mi partido".
De nuevo, un reconocimiento abierto de que las votaciones en la Comisión de control de Caja Madrid eran (o, en este caso, deberían ser) una mera extensión de las decisiones de los partidos.
Vemos así que la captura política de Caja Madrid fue producto de un consenso de todos los partidos y principales agentes sociales: del Partido Socialista que creó la ley que permitió el asalto de los partidos a las cajas, del Partido Popular e Izquierda Unida que la aprovecharon con descaro, y de la prensa que aplaudió.
La historia subsiguiente de Caja Madrid no cambió mucho de tono, con un "Acuerdo por la estabilidad y desarrollo" de Caja Madrid firmado el 8 de junio de 2009 por el Partido Popular, Izquierda Unida de Madrid, Comfia-Comisiones Obreras y la Unión Independiente de Impositores y Consumidores y al que se sumaron, unas semanas más tarde, el Partido Socialista, Comisiones Obreras de Madrid y la Unión General de Trabajadores. Los tres partidos con representación en la asamblea de Madrid (Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida) y las dos centrales mayoritarias (Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores) estaban de acuerdo en lo fundamental: Caja Madrid estaba para ser explotada para sus intereses particulares, no para el bien común.
Este pacto, sin embargo, fue desbordado por el rápido deterioro de la situación económica y los conflictos internos del Partido Popular. La situación culminó con la llegada de Rodrigo Rato. Sin experiencia de relevancia en el sector bancario (desde 1979 había participado en política y de 1982 a 2004 había sido diputado y miembro del gobierno) y después de una gestión desastrosa en el Fondo Monetario Internacional (existe un consenso generalizado entre los conocedores del Fondo que Rodrigo Rato ha sido, con diferencia, el peor director-gerente que ha tenido este organismo internacional en toda su historia), Rato terminó en enero de 2010 siendo presidente de Caja Madrid con el único argumento en su favor que servía para solventar las disputas internas dentro del Partido Popular sobre quién debería de ocupar tan dulce golosina.
Y no me crean a mí por estas afirmaciones. Lean las memorias de Luis de Guindos, nuestro ministro de economía, "España amenazada": "Rodrigo Rato accedió a la presidencia de Caja Madrid en enero de 2010 tras una negociación política de un año y, en especial, una dura batalla interna dentro del PP, muy reveladora de lo que eran las cajas de ahorro en España?.
La verdad es que fue Rato quien pidió el puesto a Rajoy y este debió considerar las capacidades que quien pilotó la política económica con éxito reconocido durante los gobiernos de José María Aznar. No tenía que ser un mal banquero."
Desconozco si por diseño o por casualidad, pero las memorias de Guindos son tremendamente esclarecedoras tanto de aspectos como los del nombramiento de Rato como, si me permiten el inciso, de la profunda confusión existente en el actual gobierno durante los primeros meses de su mandato acerca de cómo afrontar la crisis financiera y el irresponsable coqueteo de altos cargos del mismo con la idea de abandonar el euro.
El caso de Caja Madrid no fue el único. Caixa Catalunya, Bancaja, CCM y muchas otras instituciones forman una triste galería de casos en los que la gestión profesional fue sustituida por personas carentes de cualificación, donde la estrategia de préstamos e inversiones se convirtió en una extensión de la política que alentó la burbuja y donde la realidad, siempre tozuda, terminó revelando un gigantesco castillo de naipes que se desplomó sin remedio.
Y, no, no fue, como algunas veces se argumenta, culpable del desastre de las cajas la desregulación o el "laissez faire". La regulación de las cajas era prolija y, si cabe, se incrementó durante los años del boom por un Banco de España que intentaba minimizar los riesgos futuros con medidas como las provisiones dinámicas y una interpretación restrictiva, desde 2004, de los International Financial Reporting Standards (IFRS), limitando de manera decisiva la capacidad de las instituciones financieras españolas de colocar fuera de balance sus riesgos, como estaba ocurriendo en Estados Unidos o el Reino Unido. En España, no hubo arbitraje regulatorio de importancia.
Y tampoco fue la mala suerte de tener unos cuantos malos gestores puestos ahí por el azar. Parafraseando a Oscar Wilde, tener un Miguel Blesa puede considerarse mala fortuna, tener un Miguel Blesa, un Rodrigo Rato, un José Antonio Moral Santín, un José Luis Olivas (el de la ley valenciana de cajas, que luego encontró trabajo en el sector), un Narcís Serra y un Julio Fernández Gayoso es falta de cuidado. Más seriamente, la evidencia econométrica es concluyente: aquellas cajas manipuladas por los políticos fueron las cajas que se hundieron con más probabilidad. Cuanto más politizadas estaban las cajas y menos independencia de los órganos de gestión, más riesgos innecesarios asumieron, menos diversificación tuvieron en sus carteras de créditos, etc. Por ejemplo, aquellas cajas lideradas por gestores sin experiencia bancaria previa (casi siempre políticos o gente vinculada con los partidos) tenían un 6% más de su cartera de créditos en el sector inmobiliario y un 1% más de tasa de morosidad (estas cifras son tremendas dado las medias del sector). Si, además, el gestor no tenía educación de post-grado (de nuevo, casi siempre el caso con políticos), la tasa de morosidad subía un 1% adicional. Hubo hundimiento porque hubo malos gestores, sí, pero hubo malos gestores porque el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida los pusieron ahí.
Y tampoco fue la ceguera de los expertos, excusa favorita de muchos. José García Montalvo, Catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra y uno de los mejores conocedores del sector en España advirtió una y otra vez sobre los peligrosos desequilibrios que se acumulaban en nuestro sector financiero. Personas tan destacadas como Miguel Sebastián o Miguel Ángel Fernández Ordóñez escribieron en la prensa sobre la existencia de una burbuja inmobiliaria (lean, por ejemplo, las columnas de opinión de este último en "El País" de 11 de septiembre de 2003: "El Legado de Rato" o, en "Cinco Días" de 27 de septiembre de 2003, "El Pinchazo de la burbuja de la construcción,"). Varios trabajos de investigación de economistas del Banco de España señalaron la existencia de una sobrevaloración de la vivienda de entre el 8% y el 20%. Finalmente, la Comisión Europea señaló en repetidas ocasiones que el mercado de la vivienda en España parecía recalentado y que un grave reajuste era posible. A la vez, algunos cargos de importancia, en particular el Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, mantuvieron una actitud mucho más relajada al respecto, que en el caso de Caruana llevó a un notorio enfrentamiento con los inspectores del Banco de España en 2006, en especial con la carta que los mismos enviaron a Pedro Solbes, en aquel momento Ministro de Economía y Hacienda (aunque la misma no se hizo pública hasta 2011) y en la que señalaban:
"Los inspectores del Banco de España, a través de esta nota informativa, queremos distanciarnos de la complaciente lectura de la situación económica española que hace en sus últimas intervenciones el actual gobernador del Banco de España, el señor don Jaime Caruana, y mostrar asimismo nuestra preocupación por su falta de voluntad para adoptar las medidas necesarias para hacer posible la reconducción de la delicada situación actual hasta hacerla más sostenible y segura."
De todas maneras, si la politización y subsiguiente mala gobernanza de las cajas era una condición necesaria para el boom crediticio y el posterior colapso del sector, se necesitaba de un elemento adicional: la entrada en el euro.
