En esa parte de Asturias están en primer lugar los concejos mineros de la cuenca central asturiana. Para todos ellos, incluidos Mieres y Langreo, el indicador de dependencia de las prestaciones públicas supera la media asturiana al menos un 30%. En ese espacio se han combinado dos factores: la pérdida de tejido económico por la liquidación gradual del sector carbonero, que ha reducido las rentas de la actividad productiva (primarias, en la jerga de los economistas), y la elevada cuantía media de las pensiones, que inyectan en esos territorios la mayor parte de los 60 millones de euros que supone la nómina mensual de los 35.200 pensionistas del régimen especial de la minería. Esos ingresos explican que concejos con una dependencia crítica de las pensiones, como Mieres y Aller, se mantengan entre los diez con mayor nivel de renta de Asturias.
El resto del territorio donde las pensiones tienen un peso llamativamente alto es básicamente rural y formado por concejos del interior (Salas, Ibias, Pesoz, Amieva, Ponga, Santo Adriano, Proaza, Cabranes, Sariego...). Municipios que, al contrario que los mineros, aparecen en posiciones retrasadas en el ranking de rentas. En ellos se combina la pérdida de actividad productiva por el despoblamiento y por el retroceso del campo con pensiones modestas, a menudo vinculadas a la actividad agroganadera.
Menor dependencia. Según los cálculos realizados a partir de las estadísticas de SADEI, se trata de 29 concejos donde las pensiones y subsidios suponen menos del 30% de la renta local. El grupo de los concejos a los que se puede considerar moderadamente dependientes está principalmente compuesto por los territorios más dinámicos del centro (Oviedo, Avilés, Corvera, Llanera, Castrillón, Siero, Noreña o Gijón, aunque este último un paso por detrás de los otros) y también por aquellos de las alas con niveles notables de actividad productiva: Llanes, Ribadesella y otros turísticos en el Oriente, y la industrial Navia y sus área de influencia en el Occidente.
