Madrid

La fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer la reapertura del caso de las identificaciones erróneas de 30 de las 62 víctimas del accidente del avión Yak-42, el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), después de que el pasado noviembre se dictara el archivo del caso. Según el teniente fiscal, Fernando Burgos, los mandos militares realizaron las identificaciones de forma «arbitraria», por lo que podría existir «dolo falsario».

Durante la vista, Burgos reclamó la reapertura de la investigación, al considerar que en el proceso de identificación de los cuerpos hubo «una mutación de la verdad» en unos documentos «con trascendencia jurídico-pública y jurídico-privada».

En esta línea, la fiscalía imputa un delito de falsedad documental al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y a los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Sáez.

Según el relato de los hechos de la fiscalía, cuando los cuerpos de los 62 militares fallecidos llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), el 28 de agosto de 2003, el general Navarro «rellenó los espacios que se encontraban en blanco» en el listado de víctimas elaborado por las autoridades turcas y españolas, tras ordenar la realización de las necropsias a los cadáveres no identificados y emitir los correspondientes certificados de defunción.

En Turquía no se asignaron identidades a 30 cuerpos porque, según explicó Burgos, «no hubo tiempo para hacerla, no hubo medios distintos de la mera observación y no se pidió». En este sentido, concluyó que esta actuación se corresponde con un delito de falsedad documental con dolo directo o imprudencia.

Trascendencia jurídica

Los abogados de las familias de las víctimas defendieron la «trascendencia jurídica evidente» de los documentos que recogieron las identificaciones erróneas, sin los cuales no se hubieran podido realizar la exhumación de los cadáveres, el funeral de Estado y los posteriores enterramientos.

Así, el abogado Leopoldo Torres atribuyó «una finalidad espuria» al proceso de identificación, al subrayar que se hizo con el objetivo de acelerar «la celebración solemne del funeral de Estado» y llevar a cabo «los enterramientos inmediatos a toda costa».

Los letrados de esta parte acusan al general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos, al considerar que «tuvo conocimiento directo de los hechos, participó en ellos y firmó el acta de entrega de los certificados de defunción».

En este sentido, Torres añadió que el entonces ministro Federico Trillo le encargó que «tramitara con urgencia el regreso a España de todas las cajas». Los familiares también imputan un delito de prevaricación a los cuatro militares.

Por su parte, el defensor del general Navarro dijo que los únicos documentos con efectos jurídicos elaborados por los militares fueron los certificados de defunción, que «no faltaban a la verdad porque decían que un determinada persona había fallecido en una fecha y en un lugar». «Cuesta pensar que en medio de aquella situación (Navarro) iba a estar maquinando que iba a hacer una lista con nombres que no se correspondían con los cuerpos», dijo.