El Ejecutivo, «preocupado» por el colapso judicial, culpa al PP del retraso en renovar el CGPJ

El Consejo de Ministros aprueba la reelección de Conde-Pumpido como fiscal

10.05.2008 | 02:00
Conde-Pumpido, durante su comparecencia del jueves en el Congreso.
Conde-Pumpido, durante su comparecencia del jueves en el Congreso.

Madrid

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó ayer la «preocupación» del Ejecutivo por la situación de atraso en la que se encuentra la Justicia, pero culpó al PP de «posponer sistemáticamente» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


«Además de modernizar la Justicia, hay una cosa muy importante también, y aquí la responsabilidad es de todos, de algunos especialmente, que es renovar el CGPJ», dijo De la Vega en relación al PP.


La Vicepresidenta recordó que el CGPJ -de mayoría conservadora- «hoy no tiene gobierno, es interino desde hace más de un año y medio -momento en el que se terminó su plazo de mandato- y no es responsable, no es sensato, no es razonable que se haya estado posponiendo sistemáticamente la renovación del órgano porque éste tiene que contribuir a mejorar la situación, tiene mucho que hacer también».


En ese sentido, apeló a la «responsabilidad de los grupos políticos». «Estamos en ello, la mejor noticia que podríamos dar a los ciudadanos es que tenemos un acuerdo para renovar el poder judicial», añadió al tiempo que aseguró que «medios no van a faltar porque el Gobierno ya los ha puesto encima de la mesa».


El líder del PP, Mariano Rajoy, mostró su preocupación por que España pueda convertirse en un Estado «sin ley» si no se ejecutan las sentencias que dictan los jueces. En Sevilla, Rajoy afirmó que quiere un acuerdo con el Gobierno para que la justicia funcione y se ejecuten las sentencias que dictan los jueces, de manera que no se limite sólo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).


Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó la reelección de Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, tras haber recibido el aval del CGPJ y de CiU y PNV, además del PSOE.

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