Madrid / Oviedo, Agencias
La fiscalía del Tribunal Supremo solicitó ayer el sobreseimiento de la causa contra Baltasar Garzón por investigar las desapariciones durante el franquismo en un escrito en el que, además de sostener que el juez no prevaricó, niega la «legitimidad procesal» a las acusaciones populares para instar la apertura de juicio oral.
En su escrito, el ministerio público pone de manifiesto las contradicciones del instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela, quien de momento ha obviado la llamada doctrina Botín (que en su día impidió el procesamiento del banquero), según la cual la acusación popular por sí sola no es suficiente para abrir juicio oral.
El fiscal le hace notar al instructor que ahora se incline por adoptar la doctrina Atutxa para sentar a Garzón en el banquillo, cuando el precisamente en el «caso Atutxa» el propio Varela se pronuncio, mediante un voto discrepante, a favor de restringir la acción popular contra el entonces presidente de la Cámara vasca, en una sentencia en la que el Supremo avaló la legitimidad de esa acusación para proceder, a instancias de Manos Limpias, contra el político nacionalista por un delito de desobediencia.
Advierte el fiscal de que, ante la ausencia de acusación particular contra Garzón, y una vez que considera que los hechos que los querellantes -Falange y Manos Limpias- imputan al juez «no son constitutivos de delito», el «fundamento jurídico de la acción popular no puede buscarse en un principio de desconfianza» hacia el ministerio público y sólo podrá ejercitarse «en los procesos que la ley determine», porque «opinar lo contrario sería tanto como afirmar que la acusación popular cuenta con mayores facultades procesales».
Esta petición de archivo de la causa contra Garzón se produce un día después de que el magistrado Varela rechazara los escritos de Falange y Manos Limpias y les diera 24 horas para corregirlos. Estas acusaciones presentaron ayer sus nuevos textos en los que han excluido las opiniones ideológicas y los hechos ajenos a los que constituyen el objeto del proceso, como la parte en la que Falange llamaba a Garzón «juzgador de la historia y redentor del bando vencido».
Mientras el fiscal defiende que Falange y Manos Limpias carecen de legitimación para llevar a juicio a Garzón, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dio a entender que el Gobierno es partidario de recortar el papel de la acusación popular.
Varias asociaciones de la Memoria Histórica presentaron ayer en el Consejo General del Poder Judicial parte de las 200.000 firmas recogidas en su campaña «Un millón de voces en defensa de las víctimas del franquismo» para pedir que no se suspenda a Garzón. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, dijo que «actuará en el mismo momento» y convocará un pleno extraordinario en cuanto el Supremo le remita la resolución dictada por Varela en la que anticipaba su decisión de juzgar a Garzón. Por lo pronto, Dívar ha suspendido el viaje a Uruguay previsto para la próxima semana, lo que apunta a que entre el lunes y el viernes próximos se decidirá la suspensión de Garzón.
Amnistía Internacional exigió la retirada de «los escandalosos cargos» contra el juez por investigar el franquismo, mientras Human Rights Watch instó a la UE a tomar cartas en el asunto.
