Oviedo

La Policía francesa está buscando al propietario del piso de Bayona donde fueron detenidos el viernes el número uno de ETA, Mikel Carrera Sarobe, a quien la Guardia Civil achaca el asesinato del cabo langreano Juan Carlos Beiro, y a su lugarteniente, Arkaitz Agirregabiria, además de a Maite Aranalde y de Benoir Aramendi y su novia.

Un hombre de 33 años es el propietario que prestó al etarra Aramendi el piso donde durante cuatro días estuvieron alojados los jefes etarras preparando atentados. Tras su primera noche entre rejas, Carreras y sus colaboradores serán traslados hoy a París para ser puestos a disposición judicial. Mientras, se cotejará el ADN recogido en el escenario donde fueron asesinados dos guardias civiles en Cap Breton con el de Carrera.

La caída de la sexta cúpula etarra ha dejado a la banda en una situación de debilidad operativa sin precedentes. Pero para los expertos lo realmente novedoso es su debilidad política, que dificulta la situación de sus cabecillas a la hora de imponerse a sus bases. Los investigadores han detectado fisuras y movimientos extraños en ETA que los lleva a pensar que se han agudizado las diferencias internas entre los veteranos, partidarios de abrir vías de diálogo, y los etarras más jóvenes, radicalmente empeñados en seguir con los asesinatos.

La Policía baraja los nombres de Mikel Oroz y de Alejandro Zobarán para suceder a Mikel Carrera Sarobe, tras caer en Bayona junto hasta el entonces su potencial sustituto. Oroz, alias «Peru», es un navarro experto en explosivos procedente del terrorismo callejero. El vizcaíno Zobarán es un huido del «comando Donosti». Ambos habían elaborado informes para atentar contra Fernando Savater.

Una mujer figura entre el grupo de aspirantes. Se trata de Iratxe Sorzabal, a quien se sitúa al frente del aparato político, donde se habría impuesto a Eitor Elizaran. Los expertos la colocan en la cúpula junto al veterano José Luis Eciolaza, alias «Dientepunto» y Eneko Gogeaskoetxea.

Por otra parte, el Foro de Ermua exigió ayer al PSOE que expulse a Jesús Eguiguren para demostrar que no está negociando con ETA, después de que documentos incautados a la banda aparecieran referencias a una supuesta intermediación de «Txusito», en alusión al dirigente socialista vasco. El Gobierno instó al PP a dementir este «rumor».