Cientos de miles de familias, en riesgo de perder su casa por desalojo forzoso

Cientos de miles de familias están en riesgo de perder su vivienda por desalojo forzoso, dado que alrededor de nueve millones de personas viven en España en la pobreza y muchas de ellas sin respaldo jurídico, ni acceso a una información que les permita hacer valer sus derechos.

Esta alarmante situación es recogida en el documento «Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España», presentado ayer el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, quien denunció que la privación del acceso a una vivienda digna así como a una sanidad pública universal son ejemplos de «violaciones de los derechos humanos» de igual calado que la falta de libertad o de expresión.

Aparte del problema de la vivienda con progresivos desahucios y desalojos forzosos en España, el director de AI alertó de que cerca de 200.000 personas carecen de cobertura sanitaria pública por el simple hecho de haber dejado de percibir la prestación por desempleo o por no haber trabajado nunca.

Según AI, muchos de los ciudadanos sin recursos se encuentran además «indefensos» jurídicamente, dado que no existen leyes que los respalden. Además, estas personas resultan «invisibles» desde el punto de vista estadístico, puesto que apenas existen datos oficiales sobre pobreza o número de desahuciados. Además, 800.000 personas son analfabetas, y de ellas siete de cada diez son mujeres, informa «Efe».

España necesita favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, según la OCDE, que subraya especialmente que no hay suficientes guarderías fuera del horario escolar. El servicio para atender a los niños «es limitado y muchos padres» tienen que recurrir a dispositivos «informales» y, así, en torno a una cuarta parte de los abuelos se ocupan de sus nietos cada día.

En 2007 las españolas tenían una media de 1,40 hijos (la misma cifra que veinte años antes) frente a 1,74 en el conjunto de los 34 países de la OCDE. En cuanto a la tasa de actividad de las españolas, era del 53,5%, frente al 59,6%, aunque en este caso la evolución del país ha sido la más importante, con 21 puntos desde 1995.

Aunque las ayudas públicas a la familia aumentaron entre 2003 y 2007 hasta el 1,6 % del producto interior bruto (PIB) en este último ejercicio, la cifra era muy inferior a la media del 2,2% de la OCDE, por no hablar de los países más generosos en este punto, que eran Francia (3,7%), Dinamarca (3,7%), Reino Unido (3,6%) e Islandia (3,5%).

Otro de los puntos negros para España es la «fractura» entre hombres y mujeres en el tiempo que dedican a las labores domésticas: menos de dos horas al día para los primeros y unas cinco horas para las segundas, la sexta mayor diferencia de los países miembros.