El chófer de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo e imputado en el caso de los ERE fraudulentos, declaró a la Policía que parte de las ayudas que cobró las destinó a comprar cocaína para su jefe, mientras que el ex alto cargo de la Junta ha negado estas acusaciones.
Juan Francisco T. B. dijo que recibió 900.000 euros en subvenciones para dos proyectos de su propiedad y que parte del dinero se lo dio en mano a su jefe y, a petición suya, le compró «varios efectos como material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa».
«La mayor parte del dinero lo dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él» y para «otros gastos como ir de fiestas y de copas», afirma en su declaración, a la que ha tenido acceso «Efe». Con las ayudas públicas se compró un terreno en la sierra destinado a casas rurales y un piso en Sevilla.
El abogado del ex director de Empleo dijo que las acusaciones contra Guerrero son «totalmente falsas» y «no tienen ningún fundamento», y que su cliente niega tanto haber comprado droga como haber recibido ayudas que la Junta concedió a dos empresas del chófer.
La jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo fraudulentos ha pedido asumir este caso. El PSOE recordó que Guerrero fue denunciado por la Junta y que lo ahora publicado es «muy grave, si es así», y que los culpables «paguen cuanto antes».
El PP responsabilizó al presidente José Antonio Griñán de esta «indecente, impresentable e intolerable» actuación. Además ha pedido al Ministerio del Interior que investigue si ha habido presiones políticas a la Policía para apartar al alto mando que intentaba aclarar un supuesto robo de documentos al hijo de Manuel Chaves.
El Grupo policial de Blanqueo de Capitales ha enviado al juez un informe en el que sitúa a Iván Chaves en el centro de una trama de tráfico de influencias por sus negocios con la Junta cuando la presidía su padre. Mientras, la jueza de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado concedido al sobrino de Chaves, Jaime, que deberá volver a prisión para cumplir los tres años y medio de condena por abusar sexualmente de dos menores.
