Madrid, Agencias

Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de una de las empresas vinculadas a la «trama Gürtel», la constructora Teconsa -y también de Francisco Correa-, se desvinculó ayer ante el juez Pablo Ruz de la adjudicación amañada a esa sociedad de la instalación de los equipos de imagen y sonido con motivo de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El contrato, adjudicado por la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), ascendió a casi 7,5 millones de euros (la visita costó 14), pero de ellos la «trama Gürtel» se habría repartido 2,8 millones, 200.000 de los cuales fueron a parar a Teconsa -que no tenía experiencia alguna en el campo audiovisual-, en pago por haber prestado su nombre para el apaño. Francisco Correa recibió 1,4 millones, que se dio prisa en invertir en su chalé de Ibiza.

Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF, amigo personal del ex presidente del Gobierno José María Aznar y considerado por algunos como el verdadero «arquitecto» del entramado de blanqueo de dinero ideado por Correa, explicó al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye la trama de corrupción, que desde 1990 era asesor fiscal de Teconsa y como tal se encargaba de todos los asuntos tributarios de la empresa.

Pese a conocer los temas fiscales de Teconsa, el imputado aseguró, en respuesta a las preguntas del juez, de la fiscal Anticorrupción, Concha Sabadell, y de su abogado, Esteban Mestre, que «no tuvo conocimiento» de la adjudicación de RTVV para la subcontratación de servicios para el suministro e instalación del equipamiento de sonorización del V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado entre el 7 y el 9 de julio de 2006, sino que lo «conoció por las actuaciones».

Según el juez, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporate y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.

Las cantidades defraudadas al usar como pantalla esas empresas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el impuesto de sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas al no responder a la prestación de servicios reales, cifrado en 434.941 euros.

Blanco Balín también relató que, desde 2005, es socio -con un 30 por ciento de las acciones- de Castaño Corporate y apoderado desde 2008, por lo que se ha desvinculado de los 240.000 euros que esta sociedad facturó a Teconsa en 2006. Por ese motivo, su abogado defensor pidió el pasado 20 de marzo que se deje sin efecto su imputación y para ello aportó al Juzgado la nota simple del Registro Mercantil en la que consta su nombramiento como administrador solidario de la mercantil en marzo de 2008 y como apoderado en junio de ese año, además de la escritura pública de poder otorgada por la sociedad en mayo de 2008.

Además de Blanco Balín, el juez Pablo Ruz tomó declaración a otros tres imputados: Alejandra Andrea Beresovski y Noemí Márquez Castellano, administradoras solidarias de Wild Electronics Design, así como Óscar Fragio Díaz, gestor «real» de esa misma sociedad. Los tres imputados, según las fuentes consultadas, se acogieron a su derecho a no declarar y no contestaron a las preguntas de ninguna de las partes.

En relación con esta causa, Ruz interrogó el pasado 8 de marzo al supuesto «número dos» de la «trama Gürtel», Pablo Crespo; a Jacobo Gordon, administrador único de Castaño Corporate y socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar; al vicepresidente de Teconsa en aquella época, José Luis Martínez Parra, y a los directivos de esta sociedad Rafael Martínez Molinero y Jesús Alonso Galindo. Quedan pendientes las declaraciones del entonces presidente de Teconsa, José Martínez Núñez, que no se realizó por problemas de salud, y la del apoderado de Wild Electronic Design, Antonio Soler Dorado, que se pospuso porque su abogado estaba en el extranjero.