Madrid, Agencias

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer medidas tendentes a restringir las importaciones del biodiésel argentino como respuesta a la decisión de las autoridades del país sudamericano de expropiar YPF a Repsol.

Sáenz de Santamaría, que hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicó que el ministro de Industria, José Manuel Soria, planteó al Ejecutivo una orden ministerial conocida como «la del biodiésel», firmada ayer mismo y publicada hoy, sábado, en el BOE.

Siguiendo su costumbre en este tipo de ruedas de prensa, la Vicepresidenta fue parca en detalles, pero de su intervención puede deducirse que la orden ministerial busca apoyar la producción de biocombustibles por compañías españolas para reducir así las importaciones procedentes de Argentina.

La Vicepresidenta informó de la iniciativa sobre el biodiésel horas después de que el Parlamento Europeo aprobase una resolución que insta a la UE a suspender parcialmente las ventajas arancelarias que tienen las exportaciones argentinas para entrar al mercado comunitario. Se trata sólo de una recomendación de la Eurocámara a la Comisión Europea, sin carácter vinculante.

Entre los productos argentinos que se benefician de estas ventajas están los biocombustibles, el aceite de soja y algunas frutas y pescados. Sáenz de Santamaría consideró importante la resolución, aprobada en Estrasburgo por una amplia mayoría, si bien los eurodiputados del PSOE votaron en contra del punto relativo a la suspensión parcial de las ventajas arancelarias.

«Nos hubiera gustado haber tenido el apoyo de algunos en ese tipo de medidas, pero bienvenido sea el apoyo del conjunto del Parlamento Europeo», apostilló la dirigente popular.

La vicepresidenta subrayó que el Ejecutivo seguirá promoviendo iniciativas diplomáticas para defender los intereses de los accionistas de Repsol. Destacó, además, el «importante y enorme» respaldo internacional que España está recabando para denunciar la expropiación de YPF.

Además, el Consejo concedió un indulto parcial al comandante José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez, condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42. El indulto afecta únicamente a la pena de inhabilitación, ya que la de prisión fue suspendida por el tribunal de la Audiencia Nacional que los juzgó en 2009 y los dos militares han satisfecho la multa.

Por otra parte, fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a «Efe» que ese departamento ha propuesto al de Justicia que la reforma del Código Penal para castigar la violencia callejera incluya la posibilidad de que sean castigados penalmente, y no como hasta ahora en vía civil, asociaciones, partidos y sindicatos que convoquen manifestaciones en las que alguno de sus afiliados altere el orden público.

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, confirmó, por su parte, que Interior quiere que «encadenarse» por los brazos durante una manifestación para impedir ser desalojado sea considerado un «atentado contra la autoridad», al igual que lo es «agredir» a un agente, aunque sea castigado con una pena inferior.