Torres amenaza con no declarar si el juez no le da los vídeos de las comparecencias

El abogado del ex socio de Urdangarín arguye que sin grabaciones se conculca el derecho de su cliente a la defensa

26.03.2012 | 05:47
Diego Torres (a la izquierda) y su abogado, Manuel González Peeters.
Diego Torres (a la izquierda) y su abogado, Manuel González Peeters.

Palma, Efe


La defensa de Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín, ha amenazado en un escrito con volver a acogerse a su derecho a no declarar ante el juez del «caso Palma Arena» si no se le entregan las grabaciones de vídeo de las comparecencias de los implicados en la pieza relativa al Instituto Nóos.


En un recurso de apelación a un auto del juez instructor de esta causa de corrupción, José Castro, el abogado de Torres, Manuel González Peeters, pide que se anulen unas declaraciones tomadas ante la Policía en Barcelona y reclama que se le den todas las declaraciones grabadas.


El magistrado instructor decretó a principios de este mes que las declaraciones que se prevean «complejas» de los imputados y testigos del llamado «caso Nóos» se graben en vídeo, con el objeto de evitar que la transcripción las alargue demasiado.


De esta manera, se grabaron las declaraciones del ex empleado del Instituto Nóos Juan Pablo Molinero; Mario Sorribas, apoderado de la empresa Aizoon, propiedad de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina; Miguel Zorio, dueño de la empresa Lobby Comunicación, y José Manuel Aguilar, ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA).


Si bien González Peeters se muestra de acuerdo en el recurso con que las declaraciones se graben -ya que él fue quien primero lo reclamó-, añade que la prohibición de entregar las copias en vídeo a las partes dictada por el juez y la obligación de que se dé en su lugar una transcripción suponen una «demora» que no puede asumir.


Indica que en una causa que ya es «bastante voluminosa y compleja», no es de recibo que las partes tengan que «estar a expensas del tiempo que medie entre la declaración y su transcripción» para conocer su contenido.


En este sentido, el letrado del ex socio de Urdangarín recuerda que la causa no está bajo secreto, por lo que se debe dar traslado a las partes de todas las diligencias, y por ello demanda que se entregue el mismo día, «o máximo al siguiente», la copia de las declaraciones.


El abogado argumenta que sin las copias es «imposible» preparar la defensa de su cliente, que está citado a declarar el 22 de mayo a petición propia después de comparecer el pasado 11 de febrero ante el juez, cuando se acogió a su derecho a no declarar advirtiendo de que lo podría hacer posteriormente de forma voluntaria.


«Si no se cuenta con tales medios, por conculcarse su derecho a la defensa, se nos aboca a seleccionar de nuevo el derecho a no declarar, pues se carece de elementos precisos para afrontar su defensa», amenaza González Peeters en el recurso de apelación que ahora deberá resolver la Audiencia Provincial de Palma.


La fiscalía indaga en esta pieza del «caso Palma Arena» varios delitos de corrupción y centra sus investigaciones en los contratos públicos por valor de 5,8 millones de euros que recibió Nóos -instituto que fue presidido por Urdangarín y, después, por Torres- entre 2004 y 2007 de los gobiernos balear y valenciano por organizar eventos relacionados con el deporte.


Torres compareció por primera vez ante el juez Castro el 11 de julio del pasado año, cuando defendió la legalidad de los dos convenios firmados por Nóos con el Gobierno balear del popular Jaume Matas en los años 2005 y 2006 por 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo.


El fin de semana del 25 y 26 de febrero compareció como imputado Urdangarín, quien señaló a Torres como responsable de todas las cuestiones contables de Nóos, ya que afirmó que su función era únicamente llevar las «relaciones institucionales a gran nivel».


El yerno del Rey no ha sido el único en apuntar a Torres como responsable de Nóos y otras empresas vinculadas al duque y su ex socio, sino que también dos antiguos empleados de empresas propiedad de ambos declararon al magistrado que era quien tomaba las decisiones de gestión de las sociedades investigadas por un posible desvío de dinero público.

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