Palma, Felipe ARMENDÁRIZ
El juez José Castro dictó ayer un contundente auto donde impone una fianza civil de casi 8,2 millones para Iñaki Urdangarín y Diego Torres, a los que acusa de prevalerse de su pertenencia del primero a la Casa del Rey para desviar fondos públicos y obtener cuantiosos ingresos de empresas privadas. El instructor se ha inclinado por la fianza más elevada reclamada por Anticorrupción y Manos Limpias y postula que los ocho convenios y contratos firmados por Nóos entre 2003 y 2007 son nulos porque nacieron con un fin delictivo. Si el duque no paga, no va a prisión, se le embargan sus bienes.
En los 542 folios del auto, el juez ve «más que suficientes indicios de criminalidad» y analiza para qué se gestó el conglomerado de fundaciones, asociaciones, institutos y consultorías Nóos; qué relaciones tuvo con las administraciones de Valencia, Baleares y Cataluña; a dónde fue a parar el beneficio obtenido, pese a su apariencia de organización sin ánimo de lucro, y cuáles pueden ser las repercusiones penales, en cuanto a delitos, multas e indemnizaciones que puede acarrear el caso.
Urdangarín y Torres «de común acuerdo al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas e instituciones públicas el área de influencia que, real o de obligada imaginación, se derivaba del parentesco del primero con la Casa Real, nacido a raíz de su matrimonio con la Infanta doña Cristina de Borbón y Grecia acontecido en el año 1997», crearon un entramado de sociedades para captar dinero .
El instructor añade que en ese plan colaboró Carlos García Revenga, el secretario de las hijas del Monarca, imputado esta semana. A Revenga le censura su autocalificación de «asesor de la Casa Real» y de mentir al hacerse pasar por secretario de esa institución. Urdangarín no dudó en utilizar la imagen y el nombre de su esposa para el desvío de fondos públicos. El auto menciona un folleto de presentación del Instituto Nóos -que se repartía entre empresarios y políticos, posibles clientes de la supuesta trama- y donde aparecen el duque como presidente; la infanta Cristina, vocal; Diego Torres, vicepresidente; Carlos García Revenga, tesorero y asesor de la Casa del Rey, y Miguel Tejeiro, secretario.
El juez dice que en marzo del 2006, y a raíz de una interpelación en el Parlamento balear sobre un foro de Nóos, el Rey ordena a su yerno que se aparte. «Manuel Romero (conde de Fontao y asesor de la Casa Real) fue comisionado» para «recomendar a Urdangarín que pusiera fin a su vinculación con la Asociación Instituto y a las actividades en que aquélla estaba comprometida», narra el auto.
El instructor mantiene que «la desvinculación de Urdangarín con Nóos fue más aparente, y en muchas ocasiones ni eso, que real». Para obviar la prohibición del Rey de seguir relacionado con el instituto y Torres, el duque ideó, según eljuez, crear otras dos fundaciones: Areté y Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS). En la segunda entidad se produjo un «trasiego de cargos» entre 2006 y 2007, pero «los auténticos mandos fueron Urdangarín yTorres, por mucho que las decisiones se disfrazaran como tomadas por la junta de patronos, que se reunía virtualmente a instancias de ambos», explica Castro.
«...Todos (empresarios y políticos) sabían sobradamente que Urdangarín seguía al frente de Nóos, así como de las entidades del entramado», remacha. Según el instructor, el instituto ganó mucho dinero y se afanó en camuflarlo gracias al entramado societario. «Los substanciosos beneficios eran incompatibles con el carácter de Nóos de entidad sin ánimo de lucro, obligado era vaciar sus cuentas y en esa labor actuó la red societaria mediante facturas falsas».
El duque, directamente o a través de terceras personas, encabezó los ocho proyectos con los que amasó casi seis millones de dinero público de los gobiernos de Valencia y Baleares. Todos estos proyectos los consiguió por su condición de miembro de la Familia Real y su empresa cobró más de 300.000 euros por estudios copiados de internet, sostiene el juez. Castro asegura que llegó a presionar para cobrar y recuerda que la ley es igual para todos, salvo para el yerno del Rey, al que involucra con la trama extranjera para evadir impuestos comprando empresasd en Belice y Londres.
