El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, defendió ayer ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los pagos que la Comunidad de Madrid hizo a jueces a través de la empresa privada Indra.
Vieira explicó que no consultó al Poder Judicial sobre si los magistrados que cobraron (él mismo incluido) incurrían o no en incompatibilidad jurídica porque entendía que esta actividad no lo precisaba.
El presidente del TSJM dijo que consideró que los trabajos de los jueces madrileños encajaban en una actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica y, al igual que los jueces decanos de la Comunidad (que hicieron público un comunicado), cree que la ley Orgánica del Poder Judicial califica de compatible con el cargo de juez o magistrado este tipo de labores.
El trabajo de los jueces consistía fundamentalmente en recopilar jurisprudencia para distintos supuestos y organizar fichas con diferentes trámites procesales para que los informáticos de Indra las introdujesen en el sistema informático que se debe desarrollar para la actualización tecnológica de la Administración de Justicia.
En suma, se trataba de confeccionar repertorios de "modelos procesales" para su incorporación a un sistema informático de gestión procesal judicial. Vieira explicó que los jueces intervinientes le dijeron que el trabajo requería un esfuerzo de muchas horas, por lo que exigieron un dinero que se acordó pagarles a través de Indra.
