Montoro obliga a los directivos estatales a usar el transporte público y viajar en clase turista

La orden de Hacienda, que no afecta a los altos cargos del Gobierno, pide además que se utilicen las videoconferencias de forma preferente

21.08.2015 | 01:45

El Ministerio de Hacienda ha instado a los altos directivos del sector público estatal que utilicen, con carácter general, el transporte público en los desplazamientos, salvo que el uso del vehículo particular constituya la alternativa más económica.

En una orden publicada ayer en el "Boletín Oficial del Estado", el departamento de Cristóbal Montoro les obliga a que se tenga en cuenta el uso de la tarifa turista tanto en los desplazamientos de avión y tren, "salvo casos excepcionales justificados por razón de la distancia del lugar de destino, la duración del desplazamiento o supuestos análogos".

La orden recoge en diez puntos el régimen de compensación de los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención de los máximos responsables y directivos con contratos mercantiles o de alta dirección en el sector público, así como criterios de buena gestión con normas que se ajustan a principios de austeridad en el gasto, "imprescindibles en el actual contexto de restricciones".

Hacienda también aboga por la planificación y gestión anticipada de billetes, que permita obtener mejores precios, o por la emisión de billetes por procedimientos que permitan optimizar costes. El Ministerio pide a los altos cargos la utilización preferente de medios tecnológicos alternativos a las reuniones y desplazamientos como audioconferencias o videoconferencias, así como evitar desplazamientos innecesarios de equipos de trabajo.

Además, defiende la fijación de criterios temporales "estrictos" para el inicio y finalización del servicio, que eviten antelaciones o prolongaciones "injustificadas" de estancia en destino. Asimismo, pide el uso de los hoteles que se incluyan en el contrato suscrito de firma centralizada por la Administración del Estado o por el Ministerio de adscripción.

Aunque la orden entra hoy en vigor, las entidades del sector público disponen de dos meses para adaptar sus normas y directrices internas a lo previsto en ella. El Gobierno elevó por otra parte a 22.300 millones los ahorros por la reforma de las administraciones públicas.

El PSOE calificó de "broma de mal gusto" que el Gobierno pida a los altos cargos directivos de las empresas públicas que viajen en clase turista a cuatro meses de las elecciones y criticó que la orden no incluya a los altos cargos del Gobierno. La Izquierda Plural mostró su perplejidad por que el Ejecutivo pida ahora austeridad tras años de draconianos recortes y preguntará cuál habría sido el ahorro de haberse adoptado esta medida hace cuatro años.

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