El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se tomó ayer como un "ataque directo a la independencia judicial" las manifestaciones convocadas enfrente de su sede en apoyo de la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau, que declararon como imputadas por la convocatoria y celebración del proceso participativo del 9-N. El presidente catalán en funciones, Artur Mas, declarará mañana.
En un comunicado, la sala de gobierno del TSJC advirtió que los actos de respaldo a los imputados son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento "aún más inadmisible" cuando que se trata de una estrategia diseñada por cargos públicos.
El TSJC alertó de que "cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia sólo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política".
Ortega y Rigau, que, como Mas, están acusadas de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, llegaron al tribunal arropadas por la mayoría de los miembros del Ejecutivo catalán. Entre ellos, la vicepresidenta, Neus Munté, y el consejero de Justicia, Germà Gordó.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, juzgó "absolutamente intolerable" el respaldo ofrecido por Gordó a las imputadas, delante del Palacio de la Justicia, para "presionar a los jueces para intentar obtener un fallo". Además, ante la sede del TSJC, cientos de personas enarbolaron "estelades" y clamaron "independencia", en unas concentraciones convocadas por las entidades soberanistas.
Algunos manifestantes tacharon de "botiflers" (traidores) a los dirigentes de Unió que, como Ramon Espadaler, también quisieron arropar a Ortega y a Rigau.
La exvicepresidenta y la consejera se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía y las acusaciones particulares en un "juicio político", según sentenció Munté.
Ortega alegó que la organización del 9-N estaba en manos de voluntarios cuando el TC la suspendió, por lo que no tiene "ninguna conciencia de haber desobedecido, ni de haber dictado ninguna resolución injusta, ni mucho menos cometido ninguna irregularidad económica".
Además, advirtió que no es bueno "criminalizar un acto político democrático y pacífico" como fue el proceso participativo, porque estos asuntos se tienen que "dirimir con diálogo, consenso y voluntad de pacto".
Rigau explicó por la mañana que no respondió a la Fiscalía porque le es "difícil entender" el cambio de criterio de este órgano, que se querelló contra ella después de que los fiscales de Cataluña consideraran que no había lugar a la acusación.
La consejera aseguró ante el juez que no dio "ninguna orden ni instrucción a los directores de instituto" para la organización del 9-N y que se limitó "simplemente a informarles de que los centros podrían ser usados" para la misma por parte de voluntarios.
A última hora de la tarde, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, leyó en una abarrotada plaza Sant Jaume un manifiesto contra la querella "antidemocrática" contra Mas, Ortega y Rigau, un acto que se ha repetido en Gerona, Lérida y Tarragona, entre otras localidades.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió la labor desempeñada por la Fiscalía en Cataluña y el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, criticó que los miembros del Gobierno de la Generalitat intentaran "presionar" al Tribunal Superior de Cataluña con sus manifestaciones en apoyo a las dos imputadas.
