Agencias / E. F.

El Parlamento de Cataluña aprobó ayer por la mañana la declaración que pone en marcha el proceso de independencia de esa comunidad autónoma para transformarla en una república. La declaración obtuvo el respaldo de los 72 diputados de Junts pel Sí (JxS, coalición de CDC y ERC) y de la izquierdista CUP, mientras que chocó con el voto contrario de los otros 63 legisladores de la cámara (Ciudadanos, PSC, Sí que es Pot y PP). El Gobierno anunció de inmediato que mañana, miércoles, recurrirá el texto ante el Tribunal Constitucional (TC) tras obtener hoy, martes, el dictamen previo del Consejo de Estado. El recurso, por el solo hecho de ser presentado, paralizará la resolución cinco meses.

Este primer paso hacia la secesión de Cataluña ha sido dado un año después de la "consulta" del 9-N de 2014. En la misma jornada, pero ya por la tarde, se inició la sesión de investidura del candidato de JxS a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, quien, en su discurso programático advirtió a los radicales de la CUP que si no le dan los votos que necesita para ser Presidente, el proceso soberanista "queda encallado".

Mas se someterá hoy a la votación del Parlament, una vez que hayan intervenidos los grupos parlamentarios. El Presidente en funciones -que no participó en defensa de la declaración secesionista- necesita una mayoría absoluta que, previsiblemente, no conseguirá, ya que sólo cuenta con los 62 diputados de JxS, cuando el listón está situado en 68 de los 135 diputados. La CUP se reafirmó ayer en que no le votará.

Pasado mañana, jueves, se celebrará una segunda votación, en la que a Mas le bastaría con superar los 63 votos de la oposición, pero para eso precisaría al menos dos votos de la CUP. Los izquierdistas exigen para cambiar de actitud que Mas no sea el candidato. Si el 9 de enero no hubiese acuerdo, habrán de convocarse nuevas elecciones, que se celebrarían en marzo.

La declaración de inicio del proceso secesionista incluye en su articulado un mecanismo de pretendido blindaje, ya que establece que "el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", órgano al que califica de "deslegitimado y sin competencia".

Además, el texto insta explícitamente al Gobierno de la Generalitat a "cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados" del Parlament, para "blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español".

Otros dos puntos cruciales de la resolución son el que llama a la apertura de un "proceso constituyente ciudadano, participativo y abierto" para preparar las bases de una futura Constitución y el que insta a iniciar en un plazo máximo de 30 días la creación de una Hacienda y una Seguridad Social catalanas.

Además, se declara la voluntad de comenzar negociaciones para "hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república", tras poner el texto en conocimiento del Estado español, la UE y la comunidad internacional

Finalizada la votación de la declaración -en realidad, once votaciones, ya que cada punto del texto se votó por separado- los once diputados del PP desplegaron desde su escaño banderas catalanas y españolas, en tanto que los once parlamentarios de Catalunya Sí que es Pot (coalición de Podemos e ICV) exhibieron carteles para reclamar un referéndum.

En su defensa de la resolución, el diputado de JxS Raül Romeva advirtió al Gobierno de que no frenará el proceso cargando "los tribunales con artillería legalista", porque "ha llegado la hora de ir a por todas". Para Romeva, "si no es hoy, será mañana; si no somos nosotros, serán otros, pero este país hace tiempo que dice que ha llegado la hora de ir por todas", apostilló. El jefe de grupo de JxS sostuvo que la resolución independentista responde al programa electoral de su formación y sirve para "dar solemnemente inicio a la construcción de un nuevo Estado, una república catalana", como respuesta a una demanda ciudadana que calificó de "masiva, transversal y ejemplarmente pacífica".

Romeva arremetió contra "la actitud antidemocrática" del Estado, del que dijo que "solo llegan ataques y querellas". El independentista se preguntó "dónde están la altura de miras, el sentido común, la justicia y la separación de poderes", a la vez que cargó contra el TC, institución que, dijo, "hace tiempo" quedó "deslegitimada" con sus decisiones.

Desde la otra formación independentista, la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, sostuvo que la resolución pretende "dejar atrás la Cataluña subordinada", pero también la "de los recortes, las privatizaciones y la corrupción". Gabriel explicó que la declaración aprobada ayer "no es una DUI (Declaración Unilateral de Independencia) pero sí un acto de soberanía, democracia y de dignidad que, para nosotros", dijo, "es un acto de ruptura".