21 de agosto de 2016
21.08.2016
Politólogo

PSOE y gobernabilidad

El interés de Estado y las posibles razones de Sánchez para oponerse a la investidura de Rajoy

21.08.2016 | 05:18
Sánchez, esta semana, en Ibiza.

Contra todo pronóstico, el PP aceptó sin matices las siete condiciones anticorrupción de Ciudadanos para negociar un acuerdo de investidura. La actitud de C´s, aunque sea por miedo a unas terceras elecciones, puede considerarse como constructiva: llegó a un acuerdo de gobierno con el PSOE y, en la nueva legislatura, propicia la negociación de un acuerdo de investidura con el PP.

En la presentación del preacuerdo, su portavoz, Juan Carlos Girauta, expuso una reflexión interesante: si el acuerdo con el PP incluye aspectos importantes que también estaban en el acuerdo con el PSOE, ¿mantendrá este partido su rechazo a la investidura de Mariano Rajoy? De esta manera, Girauta introducía una variable en el debate abierto: ya no se trata sólo de que el PSOE decida sí o no a la investidura de Rajoy, sino también de si apoya o no un acuerdo transversal que incluye aspectos comunes con el que firmó con C´s.

Con este principio de acuerdo, y contando con el probable voto favorable de Coalición Canaria, Rajoy obtendría el apoyo de 170 diputados, insuficientes para ser investido pero suficientes para emplazar al PSOE en el debate del 30 de agosto. Sin embargo, que éste vote en contra no nos lleva directamente a nuevas elecciones. En primer lugar, porque como le alienta Pedro Sánchez, Rajoy podría conseguir una mayoría con otras formaciones de centroderecha, por lo que la abstención socialista no sería necesaria. Pero no parece plausible que el PP busque el apoyo de los separatistas catalanes del PDC, como tampoco parece creíble que sea precisamente Sánchez el que se lo recomiende, cuando él tiene un mandato del Comité Federal de su partido que se lo impide por el referéndum catalán. Si Sánchez aseguraba en su investidura que no tenía mayoría de izquierdas para formar gobierno, tampoco la tiene Rajoy de centroderecha por el mismo motivo: por no pactar con separatistas.

La Constitución señala que si no se consigue la investidura del primer candidato, se abre un plazo de dos meses para presentar nuevas propuestas. Rajoy puede intentar la abstención socialista en la primera investidura del 30 de agosto, y si no la obtiene aspirar a una segunda después de las elecciones gallegas (que el PP puede ganar) y de las vascas, con el apoyo en este caso de los cinco diputados del PNV. Podría haber un intercambio con el apoyo que los diputados del PP darían a Iñigo Urkullu para repetir como lehendakari. Si fuera así, se produciría entonces un empate a 175 diputados a favor y en contra de la investidura. El artículo 99.3 de la Constitución (CE) y el 171.5 del Reglamento del Congreso (RC) exigen mayoría simple en segunda votación. En ese caso, por lo tanto, Rajoy seguiría sin salir elegido como Presidente, a falta de un solo voto.

Solo si en esos dos meses, que deben agotarse, no se consiguiera la investidura de ningún candidato, el Presidente del Congreso propondría al Rey la disolución de las Cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones (artículos 99.5 CE y 172.2 RC). Hoy por hoy, no hay que descartar ninguna posibilidad. No se atisba por el otro lado que el PSOE pueda presentar una mayoría de izquierdas, por lo que cualquier intento parece que girará en torno a Rajoy o, al menos, al PP. Desde las filas socialistas puede intentarse forzar al PP a que presente otro candidato a cambio de la abstención, como ha sugerido Iceta. Pero tras el resultado de las elecciones del 26-J, en las que Rajoy salió personalmente reforzado, no parece que el PP esté por la labor, incluso aunque pierda la primera investidura.

Aun así, si se repiten las elecciones será difícil evitar que en el imaginario de los electores no se responsabilice de ello al Partido Socialista. Y no tanto por la presión que diversos medios y actores políticos pueden realizar en ese sentido, sino porque no tendrá fácil justificar su voto negativo en una situación excepcional como la presente. Desde un punto de vista utilitarista, el PSOE ha de ver qué situación les reporta más ventajas, si rechazar la investidura sin más o abstenerse para quedarse igualmente en la oposición pero sumándose al acuerdo transversal. Incorporando, por ejemplo, reformas y elementos de política social o fiscal que pueden quedar ausentes en su redacción inicial. El PSOE tendría entonces la oportunidad de controlar la acción de un gobierno en minoría. En caso contrario, estará entregando el gobierno de España al centroderecha si finalmente éste lo consigue. Y, si no, acelerará la convocatoria de unas elecciones que previsiblemente le perjudicarán, dando al PP una mayoría que ahora no tiene.

Muchos militantes y simpatizantes socialistas afirman que no pueden dejar el monopolio de la oposición a Podemos. Si se decide a competir con Podemos en ser más opositor al PP, puede que el partido de Pablo Iglesias, con una actitud institucional, mediática y callejera más desenfadada, adquiera mayor protagonismo, lo que difuminaría el perfil de los socialistas. No hay que olvidar que aun así el PSOE tendría que pactar determinadas reformas institucionales y económicas, lo que igualmente aprovechará Podemos para remarcar su condición de oposición real al centroderecha. Y que hay que distinguir entre una oposición influyente y otra que no lo es.

Los argumentos básicos dados por la dirección socialista para explicar el rechazo a Rajoy son las políticas de ajuste del PP y su relación con la corrupción. En cuanto a la primera, a pesar de que Sánchez insiste en presentar al PSOE como "la alternativa" al PP, la socialdemocracia en Europa ha dejado hace muchos años de ser una auténtica "alternativa" al centroderecha, pues las decisiones económicas se toman principalmente en Bruselas por el Eurogrupo, el Consejo y la Comisión, dentro de una Unión Europea diseñada conjuntamente por socialdemócratas, liberales y democristianos. Decisiones que se adoptan de acuerdo con los tratados constitutivos y los pactos de estabilidad de 1997 y 2012, y que definen una política económica europea de libre mercado interior y control del déficit. La socialdemocracia, como el PSOE en España, sólo puede moverse dentro de esos límites, por lo que presentarse como "alternativa" no resulta muy creíble, y menos a nivel nacional. Sobre todo después de pactar con el PP la reforma del artículo 135 de la Constitución, que establece el principio de estabilidad presupuestaria y control del déficit. Con el precedente de mayo de 2010, lo probable es que el PSOE aplicaría políticas no muy distintas a las dictadas por las instituciones europeas al gobierno actual para cumplir con los objetivos de déficit. La socialdemocracia busca una menor intensidad en los recortes e intentar complementarlos con estímulos al crecimiento (como el Plan Juncker) y medidas sociales. Pero el objetivo, la reducción del déficit, sería el mismo, y muchas políticas comunes, inevitables.

En cuanto a la cuestión ética, que tampoco es menor, una cosa es imputar casos de corrupción al PP y otra hacerlo personalmente sobre su presidente y candidato. El "caso Gürtel" se empezará a juzgar en octubre, y la coincidencia con el proceso de investidura es inoportuno para las pretensiones de Rajoy. Pero con el mismo partido de la "Gürtel" con el que ahora no se quiere nada, el PSOE pactó en su día, entre otras cosas, los nombramientos de los miembros del TC, del CGPJ, y el Pacto Antiyihadista.

El consenso europeo y la unidad nacional son variables fundamentales en España que acercan a PSOE, PP y C´s, y alejan a estos de Podemos. En este sentido, los dirigentes socialistas deberían reflexionar sobre la oportunidad de su rechazo absoluto al acuerdo con PP y C´s ante el recrudecimiento del desafío institucional por parte de las instituciones catalanas. ¿Es momento para la unidad constitucional o para las divisiones en la gobernación del Estado?

Los partidos tienen derecho a actuar en función de sus intereses electorales, pero en momentos especiales como este, el interés general del Estado debería estar por encima. Durante la transición imperó el principio colaborativo, por el que los actores antepusieron el interés de un proceso común a las estrategias particulares. La ciudadanía, con su voto, ha estimulado el cambio del sistema de partidos para que haya una nueva forma de hacer política, no para que haya más actores reproduciendo la vieja. Sin embargo, en lugar de propiciar una cultura del pacto, se está alentando una cultura del veto. No debería importar que un partido tenga más o menos votos, sino que se apliquen las políticas públicas necesarias y más convenientes para la ciudadanía. Si devienen de un acuerdo con otros partidos y no por una mayoría propia, valen lo mismo. Sobre todo para sus receptores.

Mi impresión es que las dos razones fundamentales que explicarían realmente el rechazo del PSOE a la investidura de Rajoy son, en efecto, la reacción consiguiente de Podemos y no querer compartir las políticas de más ajuste que habrá que aplicar para reducir el déficit. Es prueba de que en el proceso actual hay demasiado tacticismo y sectarismo por parte de la mayoría de partidos. Si ese sectarismo nos lleva a tener que votar tres veces en un año, los ciudadanos deberíamos reflexionar sobre a quiénes elegimos como representantes. Sobre todo si repiten.

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