Los 17 miembros de la ejecutiva del PSOE que ayer presentaron su dimisión proceden de las federaciones de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, Cataluña, Canarias, Aragón y Extremadura. Precisamente las federaciones donde los críticos aseguran tener mayoría de apoyos contra el secretario general.
Por Castilla-La Mancha: Emiliano García-Page (vocal), Manuela Galiano (secretaria de pequeños municipios) y Luz Rodríguez (secretaria de empleo).
Por la Comunidad Valenciana: Ximo Puig (secretario de reformas democráticas).
Por Madrid: Tomás Gómez (vocal) y Eva Matarín (secretaria de inmigración).
Por Cataluña: Carme Chacón (secretaria de relaciones internacionales).
Por Canarias: José Miguel Pérez (secretario de educación).
Por Aragón: Carlos Pérez Anadón (vocal).
Por Extremadura: María Ascensión Murillo (vocal).
El secretario general de Juventudes Socialistas de España, el asturiano Nino Torre, con voz pero sin voto en la ejecutiva, y crítico con los planes de Sánchez de convocar primarias y congreso, no había dimitido anoche, al cierre de esta edición.
La batalla interna por el control del PSOE entró ayer en una fase cruenta al dimitir diecisiete miembros de la ejecutiva con el objetivo de forzar la renuncia del secretario general, Pedro Sánchez. La iniciativa de los críticos no ha conseguido remover a Sánchez de su posición y la dirección del partido, que los dimisionarios ya no reconocen como tal por considerarla deslegitimada, estima que esa salida en bloque obligaría a convocar un congreso extraordinario. Este salto cualitativo en el enfrentamiento interno de los socialistas cancela, según Podemos, cualquier intento de conformar un gobierno alternativo.
La dimisión de diecisiete miembros de la ejecutiva era una de las medidas que los críticos barajaban para frenar la pretensión de Sánchez de llevar el próximo sábado al comité federal la propuesta de convocar elecciones primarias el 23 de octubre y un congreso en la primera semana de diciembre para dirimir sus diferencias. Ante el incierto escenario de un órgano del que forman parte 290 miembros y sobre la división de fuerzas, los críticos lanzaron ayer la ofensiva más segura, en apariencia, de forzar la caída de la dirección con sus propia renuncia. Detrás de esta maniobra, que en los alineados con Sánchez se considera "un golpe de Estado", aparece la mano de la líder andaluza, Susana Díaz: siete de los diecisiete dimisionarios proceden de la organización territorial con mayor peso orgánico en el partido.
Siguiendo una pauta no escrita cuando las divergencias alcanzan cierto grado de virulencia interna, la formalización de las dimisiones de los críticos provocó en primer lugar una disparidad de interpretaciones estatutarias. La primera consiste en si los diecisiete cumplen el requisito de ser la mitad más uno de la ejecutiva. La disputa sobre algo en apariencia evidente gira en torno a si han de contabilizarse los miembros originales o sólo los actuales y cuales de ellos quedarían excluidos por tener voz pero no voto. La segunda discrepancia es sobre el proceso que se abre tras la merma de la dirección. Para los dimisionarios hay que dejar paso a una gestora, que quieren que encabece el presidente del Principado, Javier Fernández. El secretario de organización, César Luena, descartó ayer esta salida y se aferra a los estatutos, que determinan la convocatoria de un congreso extraordinario. En este supuesto, la maniobra de los críticos acabaría propiciando lo que Sánchez busca: la apertura de un cauce a una militancia que considera de su parte.
Ante la discrepancia en las interpretaciones sobre la normativa de régimen interno, los dimisionarios pidieron ayer que las diferencias de criterio se sometan al arbitrio de la comisión de garantías, algo que a juicio de la ejecutiva resulta improcedente.
La confrontación descendió ayer en cascada sobre todos los ámbitos orgánicos del PSOE y se multiplicaron los pronunciamientos a favor de uno u otro de los bandos enfrentados. En algunos casos resulta llamativo cómo la batalla por el control del partido abre grietas en el liderazgo territorial de alguno de los dimisionarios. Así la renuncia del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, a seguir en la ejecutiva tuvo como respuesta la adhesión de los socialistas de Valencia a Pedro Sánchez.
Sobre las consecuencias de la división del PSOE en la situación de bloqueo institucional, el estallido de la crisis interna ciega cualquier posible acuerdo de un líder cuestionado desde dentro con otras fuerzas políticas. Así lo reconoce ya Podemos, uno de los partido con los que Pedro Sánchez pretendía articular una opción de gobierno alternativa. La formación morada considera que ésa es una opción inviable. Pese a ello su líder, Pablo Iglesias, suspendió ayer un viaje programado a Ecuador y Colombia para seguir de cerca la evolución del proceso abierto en el seno del PSOE. En un mensaje en las redes sociales, Iglesias dejó constancia de su respaldo al cuestionado líder socialista: "Tengo muchas diferencias con Sánchez, pero pretender hacer caer a un secretario general, elegido por las bases, con dimisiones es un fraude".
