El Gobierno ha planteado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Congreso de los Diputados por la decisión de la Mesa de la Cámara de levantar dos vetos de la veintena que, alegando aumento de gastos o disminución de ingresos, ha interpuesto el Ejecutivo a diversas proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.
En concreto, los vetos levantados pesaban sobre el calendario de la Ley de Educación y sobre una modificación del Estatuto de los Trabajadores referida a las condiciones laborales de los empleados subcontratados.
Los vetos del Ejecutivo son su única forma de paralizar iniciativas que su minoría parlamentaria le impide evitar y han generado malestar en los grupos de oposición, que han aprovechado su mayoría en la Mesa del Congreso para levantar los dos citados, alegando que no estaban suficientemente razonados.
El Gobierno considera, según explicó ayer su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que si no tuviera la prerrogativa de veto, los Presupuestos Generales del Estado acabarían convertidos en papel mojado.
