Caixa Bank, el principal grupo financiero catalán y tercer mayor banco español, presente en Asturias desde 1984, y la compañía energética Gas Natural Fenosa, dueña de la central térmica de Soto de la Barca (Tineo), decidieron ayer en sus consejos de administración trasladar sus domicilios oficiales a Valencia y Madrid, de forma respectiva, para ampararse de los riesgos financieros, jurídicos y regulatorios que pudieran derivarse para sus negocios, clientes, accionistas y trabajadores a consecuencia de una eventual independencia de Cataluña. Ambas compañías, como hizo el Banco Sabadell la víspera con su mudanza a Alicante, conservarán en Barcelona sus servicios centrales.
A estas grandes compañías se han sumado otras empresas medianas y pequeñas, en un movimiento cada vez más amplio de éxodo de sociedades catalanas a otras localizaciones españolas. Para facilitar estos movimientos de protección de los intereses empresariales ante la incertidumbre jurídica y de mercado que supondría una declaración unilateral de secesión, el Gobierno aprobó ayer (previo pacto con PSOE y Ciudadanos) un real decreto urgente que entrará en vigor hoy (con su publicación en el "Boletín Oficial del Estado") por el que se permitirá a los consejos de administración aprobar el traslado de las empresas fuera de Cataluña aunque esta facultad la tenga atribuida su junta de accionistas. El órgano de administración de Caixa Bank volverá a reunirse por ello para ratificar su decisión una vez que entre en vigor la norma, que le dará pleno poder.
Los consejos no podrán ampararse en este decreto para actuar sin la aprobación por sus accionistas en el caso de que las compañías, una vez publicado el decreto, ratificasen que la potestad es de la junta accionarial y no del consejo.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) juzgó la decisión del Gobierno como "disparatada y un atropello de los derechos de los accionistas", y contraria a "las tendencias europeas" en esta materia, por lo que denunciará el decreto de Economía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La decisión del Gobierno se ha interpretado como una medida diseñada para facilitar una salida rápida de Cataluña a Caixa Bank (y otras sociedades en similares circunstancias) porque sus estatutos exigen que el traslado de sede se supedite a su aprobación por la junta general de accionistas, cuyo trámite de convocatoria y celebración es más lenta y exige aunar más voluntades. El Banco Sabadell pudo decidir la mudanza de su sede jurídica a Alicante mediante una reunión urgente del consejo anteayer porque previamente, y en previsión de este escenario, había modificado sus estatutos para otorgar la capacidad decisoria al órgano ejecutivo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó ayer que este cambio legal, como el que se hizo en similar sentido en 2015 para facilitar los cambios de domicilio, se adoptó a petición de grupos empresariales.
El traslado del domicilio fiscal y oficial fuera de Cataluña tiene muy poca repercusión tributaria y económica para esta comunidad autónoma (no cambia el régimen de tributario del impuesto de sociedades, que es el más importante de los que satisfacen las compañías), pero sí un alto impacto simbólico, institucional y psicológico en plena tensión separatista.
La compañía de reprografía Service Point Solutions y la textil Dogi aprobaron también ayer migrar a Madrid, al igual que la cadena de gasolineras Ballenoil (con una estación de servicio en Mieres) y Arquia Banca (la antigua Caja de Ingenieros), mientras que la filial del banco italiano Mediolanum decidió hacerlo a Valencia. Muchas de estas sociedades mantendrán sus "cuarteles generales" operativos en Cataluña.
Otros grupos (casos de los cavas Freixenet y Codorníu y la aseguradora Catalana Occidente) debatirán su posición si se produce la declaración unilateral de independencia. José Luis Bonet, presidente de Freixenet, declaró que en ese caso propondrá situar la sede fuera de Cataluña aunque no pudo precisar qué votaría en tal supuesto el consejo.
