"No venimos con la idea de reformar la Constitución", avisó ayer José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz del PP en la comisión del Congreso que abordará la reforma del modelo territorial. La advertencia de los populares sobre sus intenciones acota los límites de este grupo de trabajo parlamentario, la gran apuesta política del PSOE, que obtuvo el respaldo del PP después de que los socialistas garantizaran su apoyo al Gobierno ante el desafío del soberanismo catalán.
La comisión quedó constituida ayer, con la ausencia de Unidos Podemos y de los nacionalistas, bajo la presidencia del diputado socialista José Enrique Serrano, quien se propone trabajar "sin peajes indebidos a nadie" y con una perspectiva abierta.
Las expectativas de quienes se sientan a la mesa son, de partida, dispares. "A lo que viene la comisión es a hablar de la modernización y evaluación del Estado autonómico. Que nadie espere de nosotros otra cosa", alertaba ayer el portavoz popular. El representante de Ciudadanos, el diputado asturiano Ignacio Prendes, reconoció que llega a la comisión con "expectativas a la baja" y muy crítico con la posibilidad de que desde el órgano parlamentario se pretenda preparar "una pista de aterrizaje" a los secesionistas que "han dado un golpe a la democracia". En cambio, la portavoz del PSOE en la comisión, la vicesecretaria general del partido Adriana Lastra, confía en que en seis meses la comisión pueda "empezar a preparar las conclusiones y abrir después la reforma de la Constitución que necesita nuestro país". Los socialistas están "dispuestos a hablar de todo", anticipa Lastra.
La comisión volverá a reunirse la próxima semana para definir su calendario de trabajo. Está previsto que los primeros comparecientes sean los tres ponentes vivos de la Constitución: Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca. Después de ellos podrían ir a la comisión los presidentes autonómicos e incluso es posible que se llame a comparecer a algunos expresidentes.
